Omar Esparza / Ojarasca
Durante los últimos meses hemos visto con preocupación como se ha intensificado el hostigamiento gubernamental en contra de las radios comunitarias e indígenas en diferentes estados del país. Los cuerpos represivos y en particular las corporaciones federales, actúan cada vez con mayor fuerza para desmantelar los medios de comunicación que operan en los pueblos indígenas, cancelando el derecho que tienen nuestros pueblos a la libre expresión y a contar con medios para difundir, rescatar y defender su cultura y patrimonio.
El marco legal vigente está diseñado para beneficiar a las grandes empresas de comunicación ligadas a los mismos funcionarios del gobierno y al los grupos políticos en el poder; el caso más claro es el de Televisa y el grupo salinista del Estado de México. Hasta ahora se ha frenado una reforma legal que democratice el acceso a los medios y no existen leyes que tomen en cuenta a las radios comunitarias ni el derecho de los pueblos indígenas a operar estos medios, pues los poderosos buscan con este vacío, evitar que nuestros pueblos y comunidades puedan ejercer sus derechos.
