Servindi, 23 de mayo, 2013.- Jeannette Paillán,
representante de la Coordinadora
Latinoamericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI),
denunció ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas,
James Anaya, los incumplimientos del Estado de Chile sobre el derecho al acceso
a los medios de comunicación y los procesos de consulta.
La documentalista mapuche denunció la persecución
penal a radialistas y comunicadores mapuche como el caso de la Radio Kimche
Mapu, cuya directora Mireya Manquepillan, sufrió persecución penal
por una norma legal que castiga de modo desproporcionado la radiotransmisión
sin permiso.
La entrevista con el relator se efectuó en el marco
de la sesión 12º del Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de Naciones Unidas
y poco después del encuentro del funcionario con la delegación del Gobierno de
Chile.
Obstáculos al derecho a la comunicación
Kimche Mapu es una emisora comunitaria a cargo de
la Asociación Indígena Kimche Mapu, que empezó a transmitir en marzo de 2011
ante la ausencia de medios de comunicación que traten la identidad cultural
mapuche en el valle Puquiñe Lumaco de la comuna Lanco, en la Región de Los
Ríos.
En ese contexto, Gilberto Omar Santana, Concejal de
la Municipalidad de Lanco y propietario del Consorcio Radial Entreríos,
denunció a Radio Kimche Mapu e inició una campaña contra la emisora que derivó
en un proceso de persecución penal.
El caso de la Radio Kimche Mapu evidencia que a
pesar que el espectro radioeléctrico es un recurso natural y un derecho
territorial, los estados se reservan su administración y limitan los permisos
de uso de manera abusiva y arbitraria.
Las transmisiones de Radio Kimche Mapu no han
podido ser legalizadas debido a que la Subsecretaría de Telecomunicaciones
(SUBTEL), suspendió en 2011 los concursos para todas las radios comunitarias
hasta 2014 además de estar ubicada en una localidad apartada.
El caso fue motivo de una denuncia formal
presentada ante el relator por la comunicadora con el respaldo de un conjunto
de organizaciones sociales, entre ellas, la CLACPI.
En ella se plantea que el Estado de Chile no está
respetando los diversos instrumentos y convenios a los que se ha suscrito a
nivel internacional,
Dicho tratado señala en su artículo 13 que “no se
puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información”.
En el diálogo con el Relator se describió la
situación como una violación al Derecho a la Libertad de Expresión, y se
destacó la necesidad de hacer seguimiento del caso, y respaldar las iniciativas
en marcha para reformar la ley general de telecomunicaciones en Chile.
A partir del caso también se llamó la atención
sobre la persecusión penal a comunicadores indígenas en América Latina y las
restricciones para el ejercicio del derecho a la comunicación.
También se analizó el caso de la Ley de Televisión
Digital en Chile, y sus implicaciones con el proceso de reglamentación de la
consulta previa en Chile.
Fuente: SERVINDI
