jueves, 26 de marzo de 2015

Las telecomunicaciones y la regulación pública




Por Gustavo Fontanals

Industrias de red, economías de escala y concentración de mercado.

Este artículo se propone analizar las características particulares del sector de las telecomunicaciones que han motivado que desde sus inicios a la actualidad sea objeto de un tratamiento especial por parte de los Estados, que en forma continua han buscado influir sobre su evolución.


Orígenes y desarrollo de las telecomunicaciones como monopolio natural

Las telecomunicaciones recibieron desde sus comienzos una atención particular por parte de los gobiernos, ya sea por medio de la imposición de regulaciones públicas específicas sobre los operadores privados, o por la decisión de tomar en forma directa su prestación por medio de empresas públicas, en general monopólicas.

Esto fue especialmente marcado en el caso de la telegrafía, que en general fue desarrollada por los propios Estados a lo largo del siglo XIX, bajo fundamentos de integración territorial, seguridad nacional y vinculación al exterior. La notoria excepción fue Estados Unidos, donde inicialmente surgieron diversas empresas privadas (en general vinculadas al desarrollo de los ferrocarriles), pero que pronto desembocaron en una compañía dominante, la Western Union, que aprovechó sus economías de escala para absorber e integrar a otras operadoras. Tomando nota de esta situación, el Estado le impuso pronto una regulación pública específica, que comprendía obligaciones de prestación y cobertura y la fijación de tarifas.

No sucedió lo mismo inicialmente con los servicios telefónicos, que se desarrollaron en las décadas finales del siglo XIX como un emprendimiento meramente privado, de índole urbana y orientado a satisfacer intereses sociales o comerciales particulares. La explotación comercial se convirtió pronto en un negocio suculento a nivel mundial, de la mano de tempranas compañías internacionales que apuntaban a prestar el negocio en las principales ciudades. Pero eso comenzó a cambiar muy pronto, a partir de que los avances técnicos hicieron posible comunicaciones de más larga distancia, primero interurbanas, luego nacionales e internacionales. Entonces el servicio captó el interés de parte de los gobiernos, que empezaron a aplicarle regulaciones públicas específicas, aunque su evolución fue diferente según países.

El caso más notorio, y nuevamente excepcional, fue Estados Unidos, donde la compañía Bell se amparó en su patente maestra sobre la tecnología para desarrollar el servicio en las principales ciudades del país, a lo que pronto sumó una red interurbana que dio origen a la poderosa AT&T. Vencida la patente, comenzaron a desarrollarse diversas compañías locales o regionales, pero la Bell logró mantener su posición dominante negándoles la interconexión interurbana, lo que las limitaba a su área de cobertura. La disputa entre las partes recrudeció, y para 1910 la propia Bell propuso que un monopolio formal a su cargo sería más adecuado y eficiente.

El argumento, sustentado en estudios de la época, sostenía que el hecho de que los servicios se brindaran a través de una red dotaba al negocio de importantes economías de escala, que hacían económica y socialmente más eficiente su prestación a través de una empresa monopólica. Se postulaba que las telecomunicaciones constituían un “monopolio natural”, y que debía evitarse una competencia destructiva entre empresas, que era factor de ineficiencia: implicaba la duplicación de fuertes inversiones de capital en redes —con “costos hundidos”, difíciles de revertir—, sin que ninguna se beneficiara en forma plena de las economías de escala, impidiendo alcanzar el mejor costo de producción y elevando los precios (Holcombe, 1911).

La propuesta fue finalmente aceptada en forma parcial por el Gobierno en 1913 (Compromiso Kingsbury), lo que fue justificado más bien como un límite al monopolio de facto que la empresa estaba alcanzando. Se permitió a la Bell mantener sus filiales locales y la red interurbana nacional de AT&T, así como avanzar en la absorción de nuevas operadoras; a cambio, se le impuso una serie de regulaciones públicas, que incluyeron la fijación de tarifas, la obligación de interconexión y venta de servicios a las operadoras locales que decidieran mantenerse independientes, y la aplicación de medidas antitrust para evitar que usufructuase sus beneficios monopólicos en otros mercados. Como veremos, esa fue la base de buena parte de las regulaciones posteriores. A lo largo de las siguientes siete décadas, la Bell mantuvo un monopolio sobre casi todo el territorio, acompañada por algunas operadoras independientes, que también solían ser empresas únicas en su área de cobertura.

En Europa, por su parte, se establecieron en general regulaciones nacionales tempranas, y muy pronto la discusión pasó a ser si el desarrollo de las redes telefónicas debía quedar en manos privadas o públicas. Países como Alemania y Suiza se inclinaron desde un principio por un modelo de monopolio estatal. Otros, como Francia y Gran Bretaña, optaron inicialmente por un modelo mixto de operadoras locales privadas junto al control estatal de las redes de interurbanas, para finalmente integrarlas en un monopolio estatal. Los países escandinavos optaron por monopolios privados bajo permisos exclusivos del Estado. Y otros, como Italia o España, mantuvieron un esquema de diversas operadoras privadas locales o regionales, con escasa interconexión de redes. Ese mismo modelo se replicó en la mayor parte de América Latina.

No obstante, a lo largo de las décadas de 1920 y 1930, se fue consolidando en toda Europa la conformación de grandes monopolios públicos para la prestación de los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, por medio de la absorción e integración de las diversas operadoras locales o regionales existentes. Pesaron en eso las comentadas justificaciones de eficiencia productiva y asignativa que convertían al sector en monopolio natural, pero también motivaciones de tipo político y militar-estratégico, como soberanía, defensa nacional e independencia económica (Duch, 1994).

Luego de la Segunda Guerra Mundial, esa orientación de política se extendió a lo largo de América Latina, y para la década de 1960 se consolidó como la práctica habitual a nivel mundial. El monopolio de una compañía estatal, o en su defecto el de una operadora privada sometida a regulación pública, fue el modelo imperante desde entonces hasta finales de la década de 1980.


Privatización, liberalización y regulación pública

El consenso acerca del carácter de monopolio natural de las telecomunicaciones comenzó a resquebrajarse hacia finales de los 70 y comienzo de los 80, con una combinación de factores que comprendían los cambios tecnológicos, las falencias en los servicios de los prestadores estatales y las tendencias liberales pro-mercado en expansión.

Por un lado, los cambios tecnológicos y el avance de la digitalización implicaron una creciente reducción de los costos de equipamiento, tendido y mantenimiento de las redes. Así, la consecuente caída de los costos hundidos elevó la consideración de que las telecomunicaciones ingresaban en una nueva etapa de mercado, abriendo al viejo monopolio natural a la posibilidad de competencia: se volvía económicamente realizable la duplicación de redes, y una competencia efectiva haría posible la consecución de mejores costos y precios.

A eso se sumaron las advertencias sobre los problemas de los monopolios estatales para la prestación de los servicios, que resaltaban las falencias continuas para satisfacer una demanda creciente (eran comunes en muchos países las largas demoras para la obtención de nuevas líneas), los límites de cobertura territorial y las deficiencias de servicio (mala calidad de conexión, congestión).

Este diagnóstico pronto se imbricó con las ideas liberales pro-mercado en difusión, y los ejemplos iniciales de liberalización y privatización implementados en Estados Unidos e Inglaterra a principios de los 80 pasaron a ser parte de las “recomendaciones internacionales” para fines de la década, con América Latina como caso testigo (Chile, México, Argentina y Venezuela se encuentran entre los casos pioneros a nivel mundial). Los programas articulados en el denominado Consenso de Washington combinaron planes de reestructuración de deuda y asistencia financiera por parte de organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial) con la concreción de reformas estructurales de la economía, y la privatización de los monopolios de servicios públicos fue uno de sus ejes fundamentales. Las telecomunicaciones se ubicaron como el buque insignia, el caso modelo con el cual iniciar las reformas: estaban entre las empresas mejor valoradas, y concitaban el interés cruzado de operadoras crecientemente internacionalizadas (muchas de ellas todavía monopolios estatales en sus países de origen), proveedores de equipamiento en busca de nuevos mercados, bancos acreedores que pretendían capitalizar sus títulos y una opinión pública expectante por una mejora de los servicios (Molano, 1997).

El caso pionero de privatización de British Telecom sirvió como modelo para las recomendaciones de los organismos multilaterales, que en general fueron tomadas y adaptadas a los procesos particulares de cada país. Así, se propagó la idea de garantizar una reserva de mercado temporal que prolongaba el monopolio para el o los operadores privados emergentes (en muchos casos se hizo una división por regiones exclusivas), con la intención tanto de elevar la recaudación de los gobiernos en la transferencia como de garantizar a los compradores las rentas para recuperar sus desembolsos y encarar la expansión de los servicios. Recién una vez concluidos los plazos de exclusividad, se daría inicio a un proceso de liberalización gradual, que se preveía terminaría conduciendo a un mercado competitivo.

A su vez, se contemplaba el establecimiento de un esquema de regulación pública en el que un ente autónomo al gobierno se encargara primero del control del monopolio residual, para luego promover en forma activa el ingreso gradual de nuevos operadores. Se postulaba incluso que, una vez alcanzado un adecuado nivel de competencia, las funciones del regulador se reducirían, limitándose a controles concretos sobre situaciones específicas y a fiscalizaciones de rutina (Banco Mundial, 1994).

La privatización de los monopolios públicos de telecomunicaciones se expandió a lo largo de la década de 1990 por todo el mundo, tanto en países centrales como en desarrollo, y la prestación de los servicios por medio de operadores privados se convirtió en la práctica habitual. Gradualmente comenzaron a aplicarse los programas de liberalización, que incluían un aspecto central de las políticas de regulación pública: los esquemas de transición comprendían la aplicación de medidas específicas de aliento a los operadores entrantes, tendientes a propiciar su fortalecimiento de modo de quedar en condiciones de competir con los operadores emergentes de los monopolios privatizados. Se debe destacar que estas medidas asimétricas de aliento, o en su defecto de castigo a los operadores establecidos, eran parte integral de un programa liberal pro-mercado, justificadas como pasos necesarios para la prosecución de una competencia efectiva.

El modelo también contemplaba programas de tipo Servicio Universal, destinados a financiar la expansión de las redes en zonas desfavorecidas y la prestación de los servicios a sectores de bajos recursos. Sucede que las economías de red también conducen a economías de densidad: a mayor cantidad de usuarios servidos, menores costos, y viceversa. Esas políticas incluían la conformación de fondos específicos de universalización a través de los aportes regulares de las operadoras. Se debe resaltar, no obstante, que aunque esos fondos en general fueron recolectados, su aplicación fue bastante precaria (según datos de Regulatel, para 2006 en América Latina sólo un 11% del total de esos fondos se había instrumentado en proyectos concretos).


Post-liberalización, fallas de mercado y tendencias oligopólicas

Son numerosos los estudios que desde diversas vertientes señalan las falencias que tuvieron los programas de liberalización para el desarrollo de una competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones. Se resalta que en la mayoría de los países, tanto centrales como en desarrollo, no se logró transformar a las empresas emergentes de los antiguos monopolios en competidores ordinarios, y que en lugar de esquemas de competencia tendieron a desarrollarse mercados oligopólicos con pocos y fuertes operadores. Éstos lograron beneficiarse de su control sobre las redes heredadas (ventajas de precedencia) y de los importantes flujos de caja que le aportan sus operaciones vigentes para consolidar su posición de mercado, e incluso expandirla hacia nuevos sectores (como telefonía móvil y acceso a Internet). Para ello pusieron en juego una serie de estrategias, entre las que se destacan la adquisición de otras empresas del sector (como las operadoras independientes de servicios de Internet que surgieron inicialmente), fijación de precios predatorios, discriminación en las interconexiones, aplicación de subsidios cruzados, empaquetamiento de servicios, prácticas carterizadas y el establecimiento en general de barreras a la entrada a nuevos competidores (CEPAL, 2002).

Fue muy limitado en general el desarrollo de operadores entrantes con peso competitivo, lo que se dio principalmente en el caso de grandes compañías con respaldo propio (muchas veces incumbentes en otros países) que sí fueron capaces de desarrollar una red nacional desde cero (en general de telecomunicaciones móviles, para luego expandirse hacia otros sectores). Esta fue, por ejemplo, la estrategia utilizada por América Móvil para expandirse hacia nuevos mercados en América Latina.

Estos desarrollos ya habían sido previstos en los trabajos de Joan Tirole (Premio Nobel 2014 por sus estudios sobre los problemas de competencia en las industrias de red), quien a fines de los ‘90 postulaba que los procesos de liberalización de las telecomunicaciones tendrían resultados parciales e inestables, con alta probabilidad de desembocar en mercados oligopólicos. A través de modelos econométricos, sostenía que el control de las redes por parte de las operadoras incumbentes les permitiría consolidarse, y beneficiarse de las necesidades de interconexión de las entrantes, las que a su vez no encontrarían incentivos adecuados para invertir sostenidamente en sus redes (Tirole y Laffont, 1999).

Desde el análisis politológico, Victoria Murillo (2009) también estudió la capacidad sostenida de las empresas resultantes de los monopolios públicos para mantener una posición dominante, resaltando el peso que lograron sobre los procesos de toma de decisión de políticas, principalmente de regulación sectorial. Dado la importancia que tienen esas decisiones para el desarrollo de sus negocios, estas empresas tienen un interés concentrado para intentar influir. Además, el hecho de que en general éstas se tomen por medio de decretos o resoluciones administrativas del Ejecutivo terminó generando una lógica de negociación directa, incrementando su capacidad de influencia. Lo que se refuerza por las características propias de estos actores, que los dotan de importantes recursos para la acción política: son concentrados (por lo que están en mejores condiciones de concertar intereses y estrategias), y manejan un sector económico crucial por su importancia estratégica (insumos de uso difundido) y económica (nivel de actividad y empleo, pago de impuestos, inversiones y promesas de inversión). De este modo, a través de diversos casos de estudio en América Latina, Murillo concluye que esas compañías lograron efectivamente influir sobre los gobiernos, lo que resultó en la implementación de políticas sectoriales favorables a sus intereses.


La regulación pública ante la convergencia tecnológica

La evidencia de las fallas para el desarrollo de competencia promovió en los últimos años una reconsideración de los requerimientos de regulación pública, reforzados a su vez ante el avance de la convergencia tecnológica, que complejiza el proceso. La digitalización implicó que la distinción histórica entre redes de telecomunicaciones y de televisión por cable perdiera sentido: con mayor o menor capacidad ambas transportan datos, que pueden corresponder a diversos servicios. Eso hace que la convergencia sea tecnológicamente inexorable. Algo que en forma progresiva está siendo reconocido por la legislación, a través de la remoción de las barreras institucionales que históricamente separaron a las telecomunicaciones de la radiodifusión.

Las nuevas recomendaciones de política, impulsadas principalmente a partir de las normativas de la Unión Europea, se enfocan en fortalecer las consideraciones anti-dominancia de la regulación sectorial pro-competencia. Se procura que los operadores con posición dominante, que en general desarrollan estrategias de integración horizontal hacia nuevos sectores, no puedan imponer condiciones que restrinjan la competencia por parte de los operadores más chicos, y de los entrantes desde los segmentos convergentes. Se pone el eje en la necesidad de establecer reglas de convivencia entre redes tecnológicamente heterogéneas y de magnitudes diferentes, que enfrentan a los operadores incumbentes (con alto grado de capilaridad nacional y grandes recursos de inversión) con otros de menor porte. Y se vuelve a resaltar el peso de las economías de escala, la posición ventajosa de las empresas de mayor tamaño, y sus efectos hacia la consolidación y la concentración del mercado. Lo que refuerza la necesidad de aplicar medidas asimétricas de regulación sectorial ex-ante sobre los operadores dominantes, o en su defecto de defensa de la competencia o control de la dominancia ex-post (CEPAL, 2011).

Las medidas de regulación sectorial ex-ante retoman las recomendaciones de asistencia a los entrantes previstas para los procesos de liberalización, entre las que se destacan la obligación de interconexión a precios regulados y las exigencias de desagregación de las redes locales. A la vez, acorde con sus intenciones originales, se busca que esas medidas pesen en forma desigual sobre los operadores dominantes, reduciendo su capacidad de control y alentando las posibilidades de competencia por parte de los operadores más chicos.

Esto debe complementarse con medidas de regulación ex-post, orientadas específicamente al control de los operadores dominantes. Ello implica detectar la existencia de operadores con poder significativo de mercado, de modo de imponerles obligaciones especiales orientadas a limitarlos (como tarifas diferenciales, períodos de exclusión, separación contable o funcional, exigencias de desinversión). Pero, a su vez, se busca tomar en cuenta la característica dinámica del sector, así como el hecho de que un operador puede ser dominante en un segmento particular pero no en otros, o en una región específica, pero no en todo el territorio, lo que requiere de un análisis periódico sobre cada uno de los mercados relevantes. La idea última es que estas medidas sean efectivas para moderar o corregir las condiciones de dominio, y por lo tanto que sean transitorias.

Finalmente, se debe remarcar que la promoción de la competencia es central, pero no el único objetivo de las políticas regulatorias, que también deben asegurar las condiciones a largo plazo para el desarrollo de la infraestructura y la provisión de los servicios, promoviendo el acceso de la mayor parte de la población. Esto vuelve a remarcar la importancia de las políticas de Servicio Universal, con programas específicos orientados a la expansión de las redes a zonas no cubiertas y la prestación de los servicios esenciales a los sectores sin recursos. También son varios los países que han optado por el desarrollo de redes mayoristas de backbone o móviles (en esquemas públicos o semi-públicos), orientadas a la prestación de servicios a los operadores finales, principalmente los más chicos y los virtuales (lo que les permite reducir su dependencia de los operadores dominantes y las necesidades de inversión en redes).Por su parte, desde el sector privado, esa tensión entre objetivos resalta la existencia de un equilibrio inestable entre la promoción de la competencia y el mantenimiento de incentivos adecuados para la realización de inversiones de envergadura, con altos costos hundidos, que recién maduran y se recobran en el tiempo.

Se revalorizan así las exigencias de capacidades institucionales, profesionales y técnicas por parte de quienes toman las decisiones sectoriales, que deben contar con un profundo conocimiento de la industria, de modo de estar en condiciones de aplicar una regulación pública robusta pero dinámica. Esto comprende la implementación de medidas específicas y cambiantes en el tiempo, orientadas a promover los intereses sectoriales y sociales a largo plazo. Una tarea que, por cierto, no ha sido sencilla hasta el presente.


La autonomía de los entes de regulación y aplicación

Hay un debate vigente acerca de los requisitos de autonomía o dependencia institucional de los órganos de control y/o de definición de las políticas sectoriales. Las recomendaciones pro-privatización y de liberalización insistían en la necesidad de la autarquía de los entes de regulación, de modo que pudieran controlar la evolución del mercado de forma independiente a los intereses de las empresas y de los gobiernos. No obstante, como analizamos, eso no impidió que esos intereses influyan sobre las políticas sectoriales, por medio de procesos de interacción con los encargados de toma de decisiones. Eso llevó a que en varios países se insistiera en la necesidad de constituir órganos de aplicación o de definición de políticas que también sean autónomos. Tal es el caso de Estados Unidos con la FCC, los de Japón, Corea del Sur o Singapur en Asia Pacífico, o las recientes reformas de México y Argentina.

Esta orientación, sin embargo, no es unánime. En varios otros países se priorizó la idea de que, más allá de la presencia de órganos de control autónomos, deben ser los gobiernos quienes retengan las capacidades de decisión última sobre un sector tan estratégico de la economía. Esto es práctica común en los países de la Unión Europea, en los de Oceanía, y en la mayor parte de América Latina. Igualmente, en muchos de esos casos se ha buscado incorporar esquemas institucionales orientados a habilitar la participación regular de los actores interesados en el sector, así como una serie de recaudos para otorgar una mayor visibilidad a los procesos de toma de decisiones (la obligación de audiencias públicas, la presentación de agendas de trabajo e informes de gestión, el establecimiento de comisiones parlamentarias de control). La intención es reducir la capacidad discrecional sobre los procesos decisorios, y con esto las posibilidades de que prevalezcan intereses particulares de corto plazo.



Nuevas iniciativas: de las redes mayoristas a la reemergencia de los monopolios

Algunos países pusieron en marcha nuevas iniciativas orientadas a dar cuenta de la persistencia de las economías de escala y de las ventajas de precedencia de los operadores incumbentes. No deja de ser llamativo que las mismas hayan tenido origen en Inglaterra, modelo del ciclo de privatización y liberalización. En 2005, el regulador OFCOM (Oficina de comunicaciones del Reino Unido, por sus siglas en ingles) se amparó en las leyes de defensa de la competencia para imponer a British Telecom una separación funcional de su red cableada, dando lugar a una nueva unidad de negocios (Openreach BT). El objetivo es que brinde servicios mayoristas a todos los operadores que lo requieran, incluyendo a BT, en igualdad de condiciones. Este enfoque prioriza las políticas de interconexión por sobre las de desagregación: las redes y ductos permanecen en manos del incumbente, aunque en una unidad separada. El modelo recibió continuas críticas de los operadores alternativos, que denuncian que BT conserva su posición dominante y que Openreach no les permite diferenciar sus servicios. Las políticas de separación funcional fueron incorporadas a las directivas de la Unión Europea en 2007, aunque sólo como recomendación tras un estudio pormenorizado de caso, y no se han aplicado en otros países.

Sí fueron replicadas en 2008 y 2009 por Nueva Zelanda y Australia, donde el dominio de las incumbentes era muy fuerte y los desarrollos de red habían quedado relegados. Y que pronto optaron por profundizar el esquema, avanzando hacia un modelo de separación estructural: la división completa del incumbente para la emergencia de una nueva empresa independiente a cargo de la red. En el caso de Nueva Zelanda, se procedió en 2011 a la formación de Chorus, una nueva compañía privada a cargo de la red para la prestación de servicios mayoristas a operadores finales convergentes. El Gobierno también suscribió un acuerdo con la empresa para el desarrollo de una red troncal de fibra, con financiamiento público, que está en ejecución. Así, se prevé la conformación de una red nacional mayorista en manos de un operador privado, y aunque no se fijó un régimen legal de monopolio, la falta de redes alternativas lo establece de hecho.

Australia decidió dar un paso más, con la creación en 2011 de una nueva empresa pública para el desarrollo de una red nacional de banda ancha (NBN Co). Este proyecto tiene dos ejes fundamentales: el tendido de una red troncal de fibra con financiamiento público, y un acuerdo con la incumbente Telstra para el alquiler de sus ductos y la cesión progresiva de abonados con sus respectivos bucles finales (a medida que avance la red, en ejecución hasta 2018). La empresa se dedicará en exclusiva a brindar servicios mayoristas a operadores finales convergentes en competencia. En este caso, el proyecto sí contemplaba un régimen de monopolio en redes para la empresa pública, pero los impedimentos de las leyes de competencia derivaron en un complejo marco normativo destinado a obstaculizar tácticas de cherry picking (el desarrollo de redes alternativas en las zonas más rentables).

Desde el sector privado, las grandes operadoras vienen solicitando a los gobiernos que les habiliten procesos de fusión que también dan cuenta de las economías de escala. Esto sucede por ejemplo en Estados Unidos, y es un fuerte reclamo en la UE (donde sostienen que la alta fragmentación, con más de un centenar de operadoras, las desfavorece respecto a compañías de mercados más concentrados). A eso se suman novedosas propuestas canalizadas por grandes agentes de inversión, que resaltan la pertinencia de considerar modelos alternativos ante la posibilidad de reemergencia de los monopolios nacionales. Por ejemplo, el Citi (2014) presentó una propuesta de enfoque pragmático que combina la consolidación de modelos de competencia de infraestructura en aquellas zonas donde genere beneficios económicos demostrables y habilite mercados mayoristas viables, con el desarrollo de monopolios de red con mercados mayoristas regulados para el resto. La intención es reconocer desarrollos que se vienen dando de facto a nivel mundial, para incorporarlos en nuevos enfoques regulatorios.


Fuente: Revista Fibra 

http://papel.revistafibra.info/numeros-editados/las-telecomunicaciones-y-la-regulacion-publica/




miércoles, 25 de marzo de 2015

1º Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y Software Libre


¿Por qué un encuentro de Radios Comunitarias y Software Libre?

Del 11 al 13 de junio en Cochabamba, Bolivia se celebra este encuentro. Entérate de por qué lo hacemos y anímate a participar.


Hace casi un año, más de 50 radios comunitarias de América Latina se agruparon en la Red de Radios Comunitarias y Software Libre: un espacio de formación y debate para que las radios usen tecnologías libres, como el inicio de su proceso hacia lograr la soberanía tecnológica.

Ayudó a la creación de esta red la presentación de GNU EterTICs una distribución 100% libre y latinoamericana desarrollada por el argentino Javier Obregón.

Esta distribución resuelve las necesidades de una emisora de radios al ofrecer las herramientas básicas de edición, automatización y transmisión streaming. Además, los primeros meses de 2015 otra distribución libre pensada para medios comunitarios aparecía en Venezuela para fortalecer este proceso liberador: Shamatari de Medios Libres.

Instalando cualquiera de estos dos sistemas operativos y sin necesidad de actualizar o descargar nada de Internet la emisora tiene garantizado plenamente su funcionamiento con software libre sin que eso limite sus capacidades de producción o emisión.

Para intensificar la formación y trazar una hoja de ruta conjunta entre los miembros de la red, así como sumar más emisoras a esta campaña de descolonización tecnológica se ha convocado el I Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y Software Libre.

¿POR QUÉ LAS RADIOS COMUNITARIAS DEBEN USAR SOFTWARE LIBRE?

Libertad para la radio del futuro

Tradicionalmente, en América Latina las frecuencias de radio y televisión han estado monopolizadas por grandes empresas o políticos cercenando el derecho a la libre expresión a las ciudadanas y ciudadanos.

Países como Bolivia, Uruguay, Argentina o Ecuador ya contemplan en sus legislaciones el reparto equitativo de las frecuencias de radio y televisión pero, ¿qué sucederá con las radios del futuro cuando dejen de usar el espectro radioeléctrico para transmitir por ondas digitales virtuales? Si permitimos que la tecnología y el software que maneja el mundo digital siga en manos privadas nos enfrentamos a un escenario de control y monopolio similar al que existía antes de que los gobiernos mencionados distribuyeran equitativamente las frecuencias del espectro.

Contra todos los monopolios

Los medios comunitarios se han hermanado e identificado con todas las luchas contra la desigualdad y la injusticia libradas en estos últimos años. Han abrazado las causas campesinas contra los transgénicos y los tratados de libre comercio, han defendido el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y a decidir sobre su cuerpo y han participado de las movilizaciones contra las políticas antimigrantes.

Pero no se dan cuenta que estas reivindicaciones en contra de los monopolios y la falta de libertad las hacen con tecnologías que pertenecen a los grandes monopolios de la tecnología, que no son libres y que, además, sirven para espiar y controlar los movimientos de las organizaciones sociales. “Luchan contra el Monopolio de Monsanto usando Microsoft o Mac”. Las Tecnologías Libres son la única forma de tener medios realmente libres.

Ventajas tecnológicas

Además de las razones éticas y políticas, que son las principales, no podemos desconocer las ventajas técnicas. Las computadoras aprovechan mucho mejor el hardware cuando se instala software libre. Por eso, muchas pequeñas radios que cuentan con equipos un poco antiguos, harán rendir mejor sus computadoras con esta tecnología. Sin olvidar que el software libre no es vulnerables a los virus.

Legalidad


Las radios no tendrán la necesidad de usar software ilegal que, en gran medida, sigue siendo una forma cómplice de que los monopolios de las grandes empresas del software se mantengan.

Enarbolar en la actualidad la bandera de la democratización de la palabra es levantarse y promover el uso de Tecnologías Libres de Información y Comunicación, sin que eso signifique perder de vista las tradicionales reivindicaciones por las frecuencias radioeléctricas analógicas y digitales.


¿POR QUÉ CELEBRAR ESTE ENCUENTRO EN BOLIVIA?

Por su tradición en la comunicación comunitaria
Bolivia tiene una larga tradición de medios comunitarios. De hecho, la radio comunitaria en nuestro continente nació con las primeras transmisiones de La Voz del Minero, perteneciente al Sindicato del Campamento Siglo XX, en Llallagua, altiplano boliviano.

Por su compromiso con la Libertad de Expresión

Bolivia reserva la mayor cantidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, el 34%: 17% para Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y las Comunidades Interculturales y Afrobolivianas (PIOCIA) y otro 17% al sector Social Comunitario. Este porcentaje de la Ley Boliviana fue posteriormente copiado en la Ley de Ecuador.


Por sus iniciativas descolonizadoras

Bolivia es el primer país en promover de forma global el concepto de Descolonización Tecnológica. A la par de otras necesarias descolonizaciones como las de la tierra o los recursos naturales, esta nación soberana ha iniciado procesos de liberación de las tecnologías. Leyes de uso obligatorio para la administración pública de software libre o un satélite propio son algunos de esos logros.

Por sus leyes en favor de la libertad

Uno de los logros más significativos fue incluir en el Reglamento de la Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación Telecomunicaciones, una plazo concreto para migrar a software libre de siete años desde el inicio del proceso de migración. Como muchas de las radios originarias tiene aún licencias que pertenecen al Ministerio de Comunicación deberán también adoptar con prontitud el uso de software libre.

Por su apoyo a los medios comunitarios

El Ministerio de Comunicación de Bolivia está convencido de la necesidad de que en el país existan medios comunitarios. Por eso ha promovido la implementación de cientos de radios en el país. Pero, además, el proceso no concluye con la instalación de la radio, sino que se acompaña a las radios con procesos de capacitación en producción, periodismo, sostenibilidad y manejo de las tecnologías.


Por identificarnos con el Gobierno Boliviano

Celebrando este encuentro en Bolivia queremos refrendar los esfuerzos del Gobierno Boliviano en imponer la descolonización de la comunicación y la tecnología en el país. Obviamente queda mucho camino por recorrer y es posible que haya cosas con las que podamos discrepar de este proceso, pero creemos que es una iniciativa pionera en la región que se debe apoyar e impulsar.

Al encuentro acudirán los principales responsables del desarrollo de las herramientas libres que se usan en radio, como GET, Shamatari o Guarango, así como capacitadores en tecnologías libres de diferentes puntos de América Latina.
Será una oportunidad única de estrechar lazos y comprometer apoyos en el proceso de migración de las radios bolivianas a software libre.

Se espera también la asistencia de radios comunitarias de Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Uruguay o Argentina lo que permitirá conocer y convivir a los medios bolivianos con radios de otros países y, también, que estos medios internacionales conozcan los avances en materia de comunicación que se llevan a cabo en Bolivia.

Fuente: Libera tu radio

viernes, 20 de marzo de 2015

Comunicadores realizarán encuentros para defender la Madre Tierra

Con el fin de fortalecer los espacios de articulación y el trabajo en red de comunicadores, voceros y voceras indígenas y periodistas ambientales, se llevará a cabo en el Perú cuatro encuentros descentralizados y una Jornada Nacional en Lima.

Los encuentros denominados: Comunicación intercultural para la defensa de la Madre Tierra, priorizarán la capacitación en temas de vital importancia de la agenda indígena como identidad, territorio, ambiente y cambio climático.

Asimismo, promoverán entre sus participantes el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas en el manejo de herramientas de comunicación con enfoque intercultural y de género.

Entre sus objetivos específicos también está generar un espacio de diálogo e intercambio de saberes y experiencias entre comunicadores, voceros y voceras indígenas para fortalecer la capacidad de incidencia articulada.

La organización está a cargo del Comité Promotor de la Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural del Perú (EICIP) que aprovechará el evento para validar una metodología de formación.

Los eventos cuentan con el auspicio de la agencia de Cooperación Alemana (GIZ), el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés), la Fundación Ford y Naciones Unidas.

Cronograma y participación


El cronograma es el siguiente: en Huancayo, el 9 y 10 de abril; en Cajamarca, el 14 y 15 de mayo; en Puno, el 18 y 19 de junio; y en Pucallpa, el 17 y 18 de setiembre.

Como en años anteriores, en agosto tendrá lugar en Lima la III Jornada Nacional de Comunicación y Democracia, los días 13, 14 y 15 de agosto.

Se espera la participación en todos estos encuentros de comunicadores indígenas, periodistas ambientales y líderes voceros y voceras de organizaciones indígenas invitadas. La convocatoria es abierta.

Para inscribirse al taller que corresponde a su región enviar sus datos al correo: secretaria.eicip@gmail.com

Acceda a la ficha de inscripción dando clic en el siguiente enlace: Ficha de inscripción

El Comité Promotor de la Escuela de Comunicación


El Comité Promotor de la Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural del Perú (EICIP) está conformado por la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), Servindi, la organización nacional de mujeres ONAMIAP, la Facultad de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) y la Fundación Friedricht Ebert.

Programa del encuentro en Huancayo


Jueves 9 de abril


El jueves 9 de abril se iniciará el evento con la presentación del proyecto y avances de la Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural del Perú a cargo de Servindi.

Luego se socializará la agenda programática de once puntos del Foro por el Derecho a la Comunicación desde la mirada de los pueblos indígenas y una breve introducción a la importancia de gestionar y liderar la comunicación, a cargo de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).

La jornada matinal culminará con el tratamiento de la importancia de la identidad y la auto identificación para la incidencia en políticas públicas, a cargo de ONAMIAP.

Por la tarde se abordará la situación y procesos de afectación a los derechos territoriales de los pueblos y comunidades originarios así como sus desafíos actuales.

La jornada del primer día culminará con el abordaje de la situación ambiental y el cambio climático, a cargo de la Fundación Friedrich Ebert.

En el tratamiento de todos los temas la metodología es realizar una exposición temática, la misma que será seguida de un trabajo de reflexión grupal con el fin de analizar y debatir cómo generar opinión y elaborar mensajes que contribuyan a incidir en los procesos en curso.

Viernes 10 de abril


En el segundo día se desarrollará un taller introductorio sobre Gestión estratégica y liderazgo en la comunicación, a cargo de la Facultad de Periodismo de la UARM, Servindi, CNR y ONAMIAP.

Luego se desarrollarán Talleres simultáneos para el empleo de herramientas de comunicación. En particular los formatos radiofónicos, a cargo de la CNR, y herramientas de vocería para la incidencia, a cargo de ONAMIAP.

Por la tarde se realizarán practicas para la vocería y de manera conjunta se producirán contenidos y productos para la incidencia política, conducidos por todo el equipo promotor.

A partir de las 5 de la tarde se realizará el gran foro público: Comunicación intercultural para la defensa de la Madre Tierra con distinguidos especialistas e invitados, y se presentará la publicación: Comunicar el cambio climático en clave intercultural. Manual de capacitación.

Fuente: Servindi 

martes, 17 de marzo de 2015

Con gran júbilo culminaron Jornadas de Comunicación y Democracia



Comunicadores indígenas fortalecieron unidad y avanzaron en proyecto de Escuela itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural (EICII).

Servindi, 19 de agosto, 2014.- Con gran júbilo se realizaron las II Jornadas de Comunicación y Democracia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) del 14 al 16 de agosto, evento que congregó a más de cincuenta comunicadores indígenas procedentes de diversas regiones del Perú. Ellos compartieron con invitados de Bolivia y Colombia.

Las II Jornadas permitieron afianzar a la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) como un espacio de articulación nacional, que busca avanzar a fin de hacer realidad el derecho a la comunicación de las pueblos indígenas del Perú.

Se trata de un desafío enorme si consideramos el alto nivel de concentración mediática en el país y los poderosos intereses económicos que buscan por todos los medios soslayar importantes derechos de las comunidades originarias.

Por ello, el intercambio de experiencias con Martín Vidal, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), de Colombia, y Franklin Gutiérrez del Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC), de Bolivia, fueron de sumo valor para afianzar las proyecciones del movimiento de comunicadores indígenas de Perú.

Martín Vidal, destacó la existencia de decenas de radios indígenas en su país y dio cuenta de cómo la experiencia del programa de Comunicación del CRIC puede ser de utilidad para el proyecto de Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural que se busca implementar en el Perú.

Los hermanos indígenas de Colombia desarrollan mesas de trabajo con el Estado a fin de diseñar e implementar políticas públicas diferenciales de comunicación indígena y que forman parte de su agenda política integral como movimiento indígena.

Por su parte Franklin Gutiérrez, del CEFREC, resaltó el valor estratégico de la comunicación indígena y se refirió a los obstáculos que enfrentan los comunicadores que no se han formado en las universidades pero que ellos estan superando construyendo un camino propio de formación basado en la práctica y la experiencia.

Jorge Agurto, de Servindi, recordó que uno de los principales acuerdos de la I y II Cumbre Continental de Comunicación Indígena fue impulsar escuelas itinerantes de comunicación a nivel nacional, como una forma de sentar las bases de la Escuela itinerante de comunicación indígena continental.

Tales cumbres se realizaron en el Cauca, Colombia en el 2010 y en Oaxaca, México, en 2013, respectivamente.

Precisamente, la tarde del jueves 16 se puso en debate el proyecto de Escuela itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural (EICII) formulado en base a los aportes recogidos en cuatro encuentros talleres descentralizados realizados de marzo a junio de 2014.



Como explicó Agurto, el proyecto de Escuela tiene cuatro ejes básicos: Ser, Hacer, Saber y Gestionar la comunicación. Además, tiene como núcleo esencial que le da identidad propia el descansar en principios y valores.


Entre los valores más votados para la Escuela itinerante se encuentran el poseer identidad/identidades, el ser intercultural, tener ética y y ser humana/humanista.


Entre los principios más votados se encuentra: Para el buen vivir, equitativa, comunitaria y para el desarrollo humano.

La priorización de valores y principios se efectuó entre una gama de propuestas formuladas por los comunicadores en los eventos descentralizados y que esta vez fueron sometidos a un discernimiento síntesis entre los participantes.

El despliegue de energías para organizar el proceso es posible gracias a un equipo promotor conformado por la REDCIP, Servindi, la organizacion de mujeres indígenas ONAMIAP, la Escuela de Periodismo de la UARM, la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) y la Fundación Friedrich Ebert.

Cabe destacar que el proceso de diseño de la EICII continúa y los comunicadores y comunicadoras indígenas pueden efectuar sus aportes a las unidades didácticas y plan de estudios hasta el 15 de setiembre.

Perspectivas del movimiento indígena


Una foto para el recuerdo: José Aylwin, Pedro García, Alejandro Parellada, Cecilio Soria, Teodoro Quispe, Franklin Cornejo, Gladis Vila, Stéfano Varese, Fréderique Apffel-Marglin, Karin Anchelía, Jorge Agurto y Rosa Palomino.

La presentación del anuario El Mundo Indígena 2014 atrajo un numeroso público que colmó el auditorio Vicente Santuc de la UARM. Y no era para menos pues el panel reunió a especialistas como Stéfano Varese, José Aylwin y Alejandro Parellada.

Ellos estuvieron acompañados por la antropóloga Fréderique Apffel-Marglin y la lideresa quechua Gladis Vila Pihue, presidente de la ONAMIAP.

Stefano Varese, antropólogo peruano residente desde hace muchos en la Universidad de Davis, California, Estados Unidos, sigue con atención a los movimientos indígenas e invocó a cerrar filas en defensa de la amazonia.

La presentación del anuario se trasmitió directamente por Internet lo que permitió que muchas personas siguieran su desarrollo por este canal.

El desafío de comunicar el cambio climático

El viernes por la mañana Omar Rincón, por skype desde Colombia, brindó una brillante disertación sobre comunicación intercultural.
Luego Nelly Luna, corresponsal de la BBC; Rodolfo Aquino, director Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radio y César Aguilar de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), del Cusco, fundamentaron la necesidad de generar información propia sobre el cambio climático, partiendo desde las comunidades de base.Guía sobre cómo comunicar el cambio climático.

Por la tarde del viernes se efectuó un trabajo grupal para recibir aportes respecto a un proyecto de guía intercultural sobre cómo comunicar el cambio climático que se viene elaborando bajo la supervisión de un comité editorial conformado por el equipo promotor.

La finalidad es contar con una guía práctica que brinde orientaciones prácticas para generar información sobre cómo sienten y perciben el cambio climático las comunidades rurales e indígenas.

Conversatorio sobre experiencias de comunicación indígena
A las 5:00 de la tarde del viernes se inició un conversatorio sobre experiencias de comunicación indígena con las destacada participación de Hugo Blanco Galdós, director y fundador del periódico Lucha Indígena, y César Estrada Chuquilín, comunicador cajamarquino.

César Estrada Chuquilín

Estrada Chuquilín es uno de los 46 beneficiarios de una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que orden proteger la vida e integridad de una serie de personas amenazadas por su oposición al megaproyecto minero Conga.


Chuquilín describió las agresiones, amenazas y vulneraciones a su libertad por parte de las fuerzas policiales sólo por cumplir su labor periodística al lado de los ronderos y ronderas de Cajamarca que defienden el agua y el ambiente frente a la empresa Yanacocha.

Hugo Blanco Galdós, director y fundador del periódico Lucha Indígena.

Por su parte Hugo Blanco dio excepcionles consejos para comunicar el cambio climático no como un fenómeno nuevo e inusual, sino a partir de la memoria viva de los comuneros que han sufrido sus estragos en años pasados.

Los comunicadores peruanos alternaron la mesa con Martín Vidal y Franklin Gutiérrez quienes destacaron la importancia que tiene la comunicación indígena para el proceso de fortalecimiento organizativo de los pueblos originarios en sus países.

Ampliando la articulación por el derecho a la comunicación


Finalmente, el sábado por la mañana se desarrolló un taller dirigido por José Arévalo y Raquel Palomino, promotores del Foro por el Derecho a la Comunicación, quienes buscaron recoger las perspectivas y demandas de los comunicadores indígenas.

El Foro por el Derecho a la Comunicación es un espacio articulador de instituciones de la sociedad civil que buscar promover medidas que hagan viable el ejercicio práctico y efectivo del derecho a la comunicación de la ciudadanía.

La clausura de las II Jornadas se efectuó con el saludo de los representantes de las organizaciones que integran el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú y la entrega de certificados a los y las participantes.



Fuente: Servindi 


17 familias tojolabales ya desplazadas, temen a más actos violentos en su contra



El día 15 de marzo del 2015, en el campamento de las familias desalojadas desde hace más de 20 días, del poblado Primero de Agosto del municipio de Las Margaritas, llegaron 550 personas de comunidades vecinas, a solidarizarse y a apoyar a través de una ceremonia religiosa, por temor a vivir una desgracia más en esta zona selva fronteriza.

La gran mayoría de las personas que llegaron, venían de 13 comunidades distintas de la región, además de representantes del CDH frayba e internacionales solidarios. A pesar del insistente volanteo de no apoyar a las 17 familias desplazadas y el hostigamiento por parte de miembros de la CIOAC-H, las poblaciones vecinas llegaron masivamente eligiendo la paz y la fraternidad.


Cuentan los pobladores de Primero de Agosto que en esta misma mañana, antes que llegara la solidaridad, unos ejidatarios de Miguel Hidalgo de donde son los agresores, andaban frente al campamento con radios comunicándose. También reportaron que durante la semana, al andar a lado del campamento, ejidatarios se reían, se burlaban y comentaban que se les iba a sacar una ves mas. Se reportó que hasta en las margaritas llegaron a insistir a solidarios, de ya no llevar ayuda a los “jóvenes” porque ya no lo necesitan.

Las 57 almas desplazadas viven en muy malas condiciones por ya no tener casa. Han armado carpas con lona y sin piso. No tienen facilidad de acceso al agua, y como campesinos, les falta tierra para trabajarlas. Nada más sobreviven de los apoyos que reciben de la solidaridad. Por estas mismas condiciones inhumanas, están padeciendo enfermedades, tanto l@ niñ@s como las mujeres, de las cuales una esta embarazada. De todo ello deducen que los integrantes de la CIOAC-H buscan acabar con ellos y se lamentan de que el gobierno no busca resolver su situación, tras una mesa de dialogo que dura demasiado.

La población local se da cuenta del sufrimiento que atraviesan estas familias, de su condición y de su pacifismo, en el cual persisten frente a los ataques y hostigamientos perpetrados por los ejidatarios de Miguel Hidalgo, por lo cual no les cabe duda de que es necesario apoyarlos. Se piensa que si necesitan tierra para fundar una familia; que es legítimo que lo hayan habitado y que no se vale haberlos despojado.

Todavía siguen firmes en sus posiciones, no irán a ninguna parte, sino es de regreso al poblado al cual dieron vida y del cual son los guardianes. Es para ellos de suma importancia que se haga valer la justicia y el respeto común entre todos.
Los indígenas tojolabales desplazados hacen un llamado para sensibilizar la opinión publica sobre su problemática y llamar a una solidaridad mas global para exigir al gobierno que no se espere un desalojo mas o ver… una masacre mas.


Fuente: Pozol 

Imparten taller gratuito de vídeo para adolescentes indígenas urbanos en el Distrito Federal



Aunque el taller ya inició, todavía es posible integrarse a esta actividad formativa dirigida a adolescentes indígenas urbanos de la Capital Metropolitana.

Recordar de otro modo

Transferencia de medios audiovisuales a adolescentes indígenas urbanos


En contextos rurales, la tradición oral juega un papel fundamental en la trasmisión de la memoria del grupo. Las conversaciones que sostienen las personas de mayor edad con los infantes y los jóvenes son fundamentales en el proceso de trasmisión de la memoria colectiva; por medio de ésta se comparten experiencias, inculcan valores y referentes culturales. Por su parte, en el contexto urbano, debido a lo discontinuo del territorio y la frecuente separación de las familias migrantes indígenas, la trasmisión de la memoria se dificulta o simplemente se imposibilita a las nuevas generaciones.

El acceso a nuevas tecnologías, incluso por parte de los sectores menos favorecidos y sin duda por los indígenas urbanos, permite que cada vez más jóvenes manipulen un dispositivo móvil y con ello puedan registrar la tradición oral en distintos formatos de video digital. De manera que proponemos que los jóvenes indígenas consigan registrar y transmitir la memoria de su comunidad de un modo distinto al oral, es decir que recuerde de otro modo. Esto se inscribe en la agenda de participación infantil y derecho a la memoria, promovido tanto por Alas y Raíces como por la Secretaría de Cultura del D.F.

El objetivo principal es permitir la transferencia de medios a los jóvenes indígenas urbanos que posibilite el registro de la memoria de su comunidad. La memoria es depositaria del saber indígena por lo que es necesario registrarla y permitir su trasmisión de maneras lúdicas y novedosas. Es necesario, por tanto, realizar talleres con los jóvenes indígenas para que aprendan a elaborar un guión escrito así como crear un discurso audiovisual y, finalmente, aprendan a realizar una edición elemental del material registrado.

Como objetivos articulares se busca la transferencia de medios a jóvenes indígenas; capacitarlos en utilización de nuevas tecnologías para el registro de la memoria comunitaria; y la valoración y reivindicación de la memoria étnica, comunitaria, o familiar, en los contextos urbanos.

El proyecto consiste de 5 actividades.


Contacto y selección de jóvenes de organizaciones indígenas.


Taller sobre guión y acercamiento al lenguaje audio-visual (una semana).


Seguimiento y acompañamiento de las producciones y el registro audiovisual (dos semanas).


Taller sobre edición del material audiovisual recopilado (una semana).


Presentación de los resultados.


(Foto: Secretaría de Cultura)


Fuente: Cine y medios comunitarios

viernes, 13 de marzo de 2015

Red de telefonía barata irá a 3 estados más: la “rebelión” de pueblos indígenas se expande


Por Shaila Rosagel


Ser pobre y vivir en la sierra dejó de ser un impedimento para acceder a la telefonía celular y a Internet. En la sierra de Oaxaca se materializó un sueño hace dos años que hoy se extiende a paso veloz entre las comunidades indígenas de la región.


Las poblaciones más marginadas de Oaxaca, pero también las de Veracruz, Puebla y Guerrero, abandonadas por el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim Helú, por no ser un negocio rentable, tienen la posibilidad de acceder a telefonía celular y a Internet por sus propios medios en un corto plazo.


Este año podrían crecer de 16 a 30 los pueblos beneficiados por el proyecto de la organización Rhizomatica, que nació en el pueblo de Villa Talea de Castro, Oaxaca, en 2013 y que se traduce en la construcción de una red comunitaria de telefonía.


“Ahora tenemos 16 comunidades beneficiadas, que abarcan alrededor de 2 mil usuarios conectados a la red. Estamos hablando de que queremos llegar a unos 10 mil usuarios y crecer a 30 comunidades este año”, dijo Peter Bloom, activista de Rhizomatica.


De acuerdo con Bloom, la concesión experimental que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel, ahora Ifetel) otorgó al proyecto que hizo posible llevar telefonía celular a 16 pueblos de Oaxaca, incluye a los estados de Veracruz, Puebla y Guerrero, donde las autoridades comunitarias han mostrado interés y se han acercado a Rhzomática.


Hace dos años Bloom explicó que en en México existen entre 30 y 85 mil comunidades sin acceso a la telefonía celular. “Depende a quien le preguntes te dan las cifras. Si le preguntas a Movistar, te dicen que 85 mil y si le preguntan a la SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes], son 50 mil. Lo cierto es que es mucha gente que no tiene cobertura en este país”.


La Cofetel emitió un plan para reservar parte del espectro radioeléctrico para uso indígena y comunitaria bajo licencias sin fines de lucro hasta por 15 años.


Con este paso se crea un mecanismo para poder acceder al espectro y significa un triunfo de las organizaciones que desde hace años luchan para extender los beneficios de la comunicación a las comunidades más pobres y marginas del país.


“Tenemos un poblado donde el Presidente Municipal nos buscó, porque ni siquiera ahí tenían teléfono”, contó Bloom.
De acuerdo con el activista, no han encontrado hasta el momento una comunidad en donde no exista al menos una caseta telefónica para todo el pueblo.


Una bocina con una sola línea para una comunidad que si desea realizar una llamada al interior del país o al extranjero, les resulta costosa.


Por ellos surgió el proyecto de Villa Talea, que tuvo un costo de 9 mil dólares (unos 139 mil pesos), recurso que la población reunió para la compra del equipo: cableado, antenas, conectores y una computadora BSC.


Actualmente la población paga una membresía de 40 pesos al mes, con la posibilidad de pagar el minuto a celular a 82 centavos –cuando el costo promedio es de 2.73 pesos–, donde además pueden realizar llamadas de voz por la Internet.

A UNA LLAMADA DE DISTANCIA

El sistema de telefonía desarrollado por Rhizomatica funciona también para que personas de la tercera edad puedan encargar víveres y medicinas. Foto: Vimeo

Las personas de la tercera edad del pueblo de Villa Talea de Castro solicitan por teléfono sus víveres a domicilio, sin necesidad de caminar por las brechas y el terreno accidentado de la región. Los campesinos que se ausentan de la comunidad durante días, pueden hablar con su familia. Los pobladores llaman a sus parientes en Estados Unidos por solo 14 centavos el minuto y los padres de familia que antes pagaban a cinco pesos el minuto para hablar con sus hijos en la ciudad de Oaxaca, ahora pagan 50 centavos.


No sólo eso: el pueblo indígena ubicado a cinco kilómetros de la ciudad de Oaxaca en la Sierra Norte de la entidad ya no necesita caminar hasta dos horas o tomar transporte para llegar a la caseta de teléfono público donde el minuto se cobra hasta en 15 pesos y tampoco requiere de estar en una ciudad para tener señal en su dispositivo móvil. Ahora todo es más fácil.


“Ahora si hay una emergencia podemos llamar a la Clínica de Salud, los comercios están creciendo un poco, los jóvenes tienen un método de distracción sano y también se impulsa la cultura, pues durante el día la Radio Comunitaria Dizha Kieru, está mandando mensajes informativos a los teléfonos”, dijo Alejandro López, un joven poblador del lugar en 2013.


Alejandro contó a SinEmbargo que las compañías telefónicas les solicitaron 10 mil habitantes como mínimo para colocarles una red y la construcción de una carretera hacia el lugar donde instalarían su antena. Entonces el pueblo no pudo cumplir con ese requisito.


Después de Villa Talea vinieron 16 pueblos más donde, según Peter Bloom, hubo algún desarrollo económico gracias a las telecomunicaciones, pero sobre todo una aplicación directa a la educación.


Una de las principales conquistas del proyecto es que en un inicio la comunidad de Talea de Castro instaló una radiobase celular interna que opera en banda de 900 mHz de uso libre en México, es decir, una red privada que no requiere permiso o concesión; que se conecta a un proveedor de internet y que contrata con un operador VoIP las llamadas salientes.


Pero la banda no era idónea y es por ello que se solicitó a la Cofetel una concesión para experimentar el comportamiento de equipos en la banda de 850mHz, la cual fue otorgada en mayo de 2014.


Es decir, la frecuencia de Villa de Telea y las otras 16 comunidades convive con el Telcel, Movistar y el resto de las compañías de telefonía celular.


“Tenemos un cachito de la frecuencia donde están todas esas grandes compañías”, dijo.


Bloom explicó que hay varias autoridades comunitarias de Guerrero que se han puesto en contacto con la organización, interesadas en el proyecto.


“Se ponen en contacto con nosotros y empieza un proceso de cosas que se tienen que hacer, para aprobar el proyecto. Tenemos que ver asuntos técnicos, la Internet, la luz, dónde se realizará la instalación”, detalló.


La tendencia, indicó el activista con la Reforma de Telecomunicaciones aprobada, es que en todo el país, excepto el Distrito Federal, Hidalgo y Morelos, las poblaciones marginadas realicen sus propios proyectos de telecomunicaciones.


“Alguna organización sin fines de lucro y rural va a poder sacar una concesión social y utilizar las frecuencias. Se supone con la nueva regulación que van a tener la posibilidad, no sabemos exactamente cómo será el proceso. Esto es resultado de que poco a poco nos están escuchando, de que el status quo no está funcionando y de que están dejando a mucha gente fuera. Deben implementarse otro regímenes”, dijo.


El activista reconoció que no será un camino fácil, pues se deberán desarrollar modelos económicos, tecnológicos y sociales para evitar que la experiencia no fracase.


Recientemente, el diario británico The Economist publicó que las comunidades de la sierra de Oaxaca están encontrando algunas de las mismas dificultades que enfrentan los operadores de mayor envergadura, como cuando los clientes de la red comunitaria desean utilizar sus móviles en otra área. El mayor problema es que las redes locales no utilizan las tarjetas SIM para identificar a los usuarios que deben tener registrados sus teléfonos con el administrador de la red local.


Cuando un usuario está registrado con una SIM y visita otra comunidad, pueden también utilizar automáticamente la red local. Por ello, las estaciones de telefonía comunitaria están pensando introducir tarifas de itinerancia, que en la actualidad los usuarios no pagan.

LOS QUE NO CONOCIERON LA TELEFONÍA FIJA

Villa Talea de Castro puso en marcha su propio sistema de telefonía celular después de que las grandes compañías telefónicas –entre ellas Telcel, del multimillonario mexicano Slim Helú– se negaran a entrar en ese pueblo escondido en las montañas del sur de México. Foto: Vimeo

Ernesto Piedras, director General de The Competitive Intelligence Unit (CIU), una consultoría especializada en telecomunicaciones, opinó hace dos años, cuando se enteró del caso de Villa Talea, que el esfuerzo de la comunidad por acceder a una red de celular alternativa –después de que grandes compañías como Telcel se negaron a ofrecerles el servicio– era admirable, pero no debía ser la ruta a seguir.


“Pensar que una comunidad se llegue a movilizar me parece un caso admirable, pero extremo. Antes que se dé ese tipo de acción colectiva, yo esperaría ver una acción de política pública, que el gobierno les garantice a las comunidades el acceso a la conectividad no como un negocio, sino como algo social. Puede ser a través de subsidios o acuerdos con las compañías de telecomunicaciones”, dijo en esa ocasión.
Dos años después y al enterarse de que hay otros 16 pueblos más conectados a la telefonía celular y otros tantos en proceso, se sorprendió.


“Me sorprende de que hay cada vez más comunidades en estos procesos. No esperaría que fuera algo muy generalizado, porque realmente es un ejercicio muy complicado y el mercado lo puede hacer, pero si el mercado no lo hace, las comunidades tienen derecho a buscar por sus propios medios”, dijo.


Las poblaciones indicó, se enfrentan a servicios de baja calidad. En el caso de internet, no tienen acceso a banda ancha.


Pero reconoció, muchos de ellos nunca conocieron una línea de teléfono fija y saltaron a la telefonía celular, al convertirse en el acceso a la conectividad en una necesidad básica.


“Esa población se saltó una etapa: seis de cada 10 mexicanos viven en alguna condición de pobreza y de ellos, 75 por ciento usan un celular. Esto sucede con el celular en hogares que nunca tuvieron una línea fija”, explicó.


El consultor indicó que a pesar de ello, aún es necesaria la línea fija, debido a que sigue siendo el principal medio de acceso a la banda ancha.


“Lo ideal es tener ambas líneas. En total seis por ciento de la población en México está sin atención, es decir 7.2 millones de personas no tienen líneas porque no es negocio rentable para las empresas”, dijo.


Piedras detalló que en el país hay 105 millones de líneas de celular, que representan una penetración de 88%, la cual aún es baja comparada con otros países de Latinoamérica.


En Argentina por ejemplo, la penetración es de 160 por ciento y el promedio en Latinoamérica es del 130 por ciento.
México tiene una penetración en telefonía celular simular a la de Jamaica, Costa Rica, Cuba y Haití. La razón es sin duda, por la falta de competencia, anotó.


Sin embargo, los pueblos rezagados y marginados de México se ha revelado a vivir en un país que tiene el mismo nivel en cuanto a penetración celular que Haití, y han dicho: “¿Por qué no?”.


Fuente: Sin Embargo