viernes, 26 de junio de 2009

AMARC: México denuncia persecución penal a comunicadora indígena

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México rechazó la criminalización contra Rosa Cruz, una artesana indígena que apenas habla el español y forma parte de la radio comunitaria purépecha Uekakua.

La emisora transmite con 5 watts de potencia desde la comunidad de Ocumicho, en el estado de Michoacán. Se trata de la única radio en esa comunidad que transmite en lengua purépecha.
Pese a que sus integrantes han solicitado permiso para transmitir desde el año 2002, hasta el momento no obtuvieron respuesta satisfactoria por parte de la autoridad reguladora.

Según detalla AMARC México, esta situación "violenta el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación".

El 29 de enero de este año, unos 100 uniformados de la Agencia Federal de Investigaciones procedieron al cierre de la emisora, violentando a integrantes de la comunidad.

Los policías amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio.

Por último, el pasado 13 de junio, la señora Rosa Cruz recibió un citatorio solicitándole su comparecencia en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público, acusada de un delito que la podría llevar hasta 12 años a prisión.

AMARC México denunció que esta persecución se suma a otras que las autoridades federales realizan contra la libertad de expresión en el país.

"La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcional e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso", sostiene el comunicado de la red.(PÚLSAR)

Se intensificó la criminalización de radios comunitarias en 2009

*Denuncian persecución contra artesana y el cierre de Uekakua
*La AMARC llevará el caso ante la CIDH y la Suprema Corte de Justicia
Gabriel León Zaragoza

La Jornada, 25 de junio de 2009.- Este año, el gobierno de Felipe Calderón intensificó la criminalización de las actividades de radios comunitarias, a las que con acciones policiacas reprime su derecho a ejercer su libertad de expresión, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

En conferencia de prensa denunciaron la persecución penal del gobierno federal en contra de Rosa Cruz, artesana purépecha e integrante de la radio comunitaria Uekakua, en Ocumicho, Michoacán, el cual a finales de enero fue “violentamente” cerrada por al menos un centenar de elementos de la Agencia Federal de Investigación.

Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), indicó que junto con otras organizaciones no gubernamentales han asumido la defensa de Rosa Cruz, quien tiene una suspensión luego que el día 13 de este mes recibió un citatorio para comparecer ante el agente del Ministerio Público de la Federación, radicado en Uruapan, Michoacán, en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que alcanza hasta 12 años de prisión por la utilización del espectro radioeléctrico sin la concesión o permiso.

Indicó que diversos frentes sociales ya han documentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Señaló, asimismo, que se ha enviado la notificación al relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México. “Buscaremos llevar el caso ante la CIDH y a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indicó.

Denunció que este tipo de acciones judiciales no operan contra los medios electrónicos comerciales cuando violan la ley, como, dijo, sucedió con Tv Azteca, cuando a través de HI TV utilizó un espectro que no tiene autorizado.

“La respuesta de las autoridades es que ‘se revisará la irregularidad’, y en el caso de las radios comunitarias es ‘son ilegales y clandestinas’, así lo dicen las autoridades.”

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela, manifestó que en contra de Rosa Cruz se utiliza de manera facciosa, discrecional e inadecuada el sistema de justicia del país, para reprimir y castigar este tipo de expresión.

Dijo que el Estado mexicano niega las bases para construir una opinión pública plural, independiente, que busca el diálogo y la atención a contextos locales, que apuesta por mayorías excluidas.

Se trata de la tercera radio comunitaria que cierra esta administración. Al menos unas 200 agrupaciones sociales, estiman, han solicitado permiso de operación ante la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, instancias que “han iniciado procedimientos penales seguidos de la utilización desmedida de la fuerza pública en el cierre de emisoras”.

jueves, 25 de junio de 2009

Continúa criminalización en contra del derecho a la libertad de expresión

· Posible cárcel en contra de mujer indígena purépecha de la radio comunitaria Uekakua en Ocumicho, Michoacán
· SEGOB y COFETEL acusan penalmente a integrantes de la emisora

México D.F., a 24 de junio de 2009.- Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo en contra de la persecución penal ejercida por parte de autoridades federales en contra de Rosa Cruz, de ocupación artesana, apenas hablante del español y que es integrante de la radio comunitaria purépecha Uekakua.

La radio Uekakua es una emisora de 5 watts de potencia ubicada en la comunidad de Ocumicho, Michoacán. Es la única radio en esa comunidad que transmite en lengua purépecha. Desde 2002 la radio ha solicitado permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad. Esto violenta el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación, reforzado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció que en la Ley Federal de Radio y Televisión existe una omisión legislativa.

El 29 de enero de este año, aproximadamente 100 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones acudieron a las instalaciones de la radio y con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio.

El pasado 13 de junio, la señora Rosa Cruz recibió un citatorio solicitándole su comparecencia en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación ubicada en Uruapan, Michoacán en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual alcanza hasta 12 años de prisión.

Este caso se suma al de otras radios, como la Radio Tierra y Libertad, en contra de las cuales la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Gobernación (Segob) han iniciado procedimientos penales seguidos de la utilización desmedida de la fuerza pública en el cierre de las emisoras.

La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa – suficiente para recuperar la frecuencia-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, en este caso lo hace además en contra de una mujer indígena que tiene que enfrentar todo el peso de la ley en una situación muy grave de vulnerabilidad por su situación de pobreza y escasos recursos de defensa por su dificultad para hablar en español.

La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcional e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.

Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han dicho que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.

Las radios comunitarias, por su naturaleza, aunque emplearan el espectro radioeléctrico sin permiso, en ninguna forma ponen en peligro ni generan un daño grave al bien, pues las radios tienen fines estrictamente sociales. Por tanto, el empleo de la vía penal no resulta necesaria ni proporcional, pues hay medios menos lesivos para que el Estado salvaguarde el espectro radioeléctrico.

Por tanto, las organizaciones firmantes expresan su rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias y hacen un llamado urgente a las autoridades a fin de que cesen esta persecución y lleven a cabo las acciones necesarias a fin de resolver las solicitudes pendientes de permiso de manera inmediata.

Organizaciones Firmantes:
- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
- Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
- Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P”
- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
- Fundar, Centro de Análisis e Investigación
- Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
- Red por los Derechos de la Infancia en México
- Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C
- Elige Red De Jovenes Por Los Derechos Sexuales Y Reproductivos A.C
- Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los derechos para todos y todas"

El video con uno de los testimonios aquí:


Continúa criminalización en contra del derecho a la libertad de expresión

• Posible cárcel en contra de mujer indígena purépecha de la radio comunitaria Uekakua en Ocumicho, Michoacán
• SEGOB y COFETEL acusan penalmente a integrantes de la emisora

México D.F., a 24 de junio de 2009.- Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo en contra de la persecución penal ejercida por parte de autoridades federales en contra de Rosa Cruz, de ocupación artesana, apenas hablante del español y que es integrante de la radio comunitaria purépecha Uekakua.

La radio Uekakua es una emisora de 5 watts de potencia ubicada en la comunidad de Ocumicho, Michoacán. Es la única radio en esa comunidad que transmite en lengua purépecha. Desde 2002 la radio ha solicitado permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad. Esto violenta el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación, reforzado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció que en la Ley Federal de Radio y Televisión existe una omisión legislativa.

El 29 de enero de este año, aproximadamente 100 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones acudieron a las instalaciones de la radio y con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio.

El pasado 13 de junio, la señora Rosa Cruz recibió un citatorio solicitándole su comparecencia en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación ubicada en Uruapan, Michoacán en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual alcanza hasta 12 años de prisión.

Este caso se suma al de otras radios, como la Radio Tierra y Libertad, en contra de las cuales la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Gobernación (Segob) han iniciado procedimientos penales seguidos de la utilización desmedida de la fuerza pública en el cierre de las emisoras.

La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa – suficiente para recuperar la frecuencia-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, en este caso lo hace además en contra de una mujer indígena que tiene que enfrentar todo el peso de la ley en una situación muy grave de vulnerabilidad por su situación de pobreza y escasos recursos de defensa por su dificultad para hablar en español.

La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcional e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.

Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han dicho que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.

Las radios comunitarias, por su naturaleza, aunque emplearan el espectro radioeléctrico sin permiso, en ninguna forma ponen en peligro ni generan un daño grave al bien, pues las radios tienen fines estrictamente sociales. Por tanto, el empleo de la vía penal no resulta necesaria ni proporcional, pues hay medios menos lesivos para que el Estado salvaguarde el espectro radioeléctrico.

Por tanto, las organizaciones firmantes expresan su rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias y hacen un llamado urgente a las autoridades a fin de que cesen esta persecución y lleven a cabo las acciones necesarias a fin de resolver las solicitudes pendientes de permiso de manera inmediata.

Organizaciones Firmantes:
- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
- Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
- Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P”
- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
- Fundar, Centro de Análisis e Investigación
- Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
- Red por los Derechos de la Infancia en México
- Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C
- Elige Red De Jovenes Por Los Derechos Sexuales Y Reproductivos A.C
- Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los derechos para todos y todas"

El video con uno de los testimonios puede consultarse en la siguiente página:

Convocatoria al Foro Latinoamericano de Universidades Interculturales de los Pueblos y Naciones Originarias y Afro descendientes


Para mayores informes visita: http://foroamericaintercultural.blogspot.com/


martes, 23 de junio de 2009

Indígenas-Perú: gobierno desanda parte del camino

El Congreso legislativo de Perú derogó este jueves dos de los más cuestionados decretos que alteraban el orden jurídico de los territorios indígenas amazónicos y que fueron origen de un sangriento conflicto.

Lima. El presidente Alan García reconoció ayer que su gobierno había cometido un error al no consultar a las comunidades indígenas antes de promulgar, en junio del año pasado, una decena de decretos legislativos que modificaron el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia y que infringían derechos consagrados de los nativos.

El proyecto para derogar los decretos 1.090, sobre recursos forestales y fauna silvestre, y 1.064, sobre el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, fue presentado el miércoles por el Poder Ejecutivo y se sometió este jueves a un intenso debate y votación en el Legislativo que concluyó con la dereogación de los decretos.

Se pronunciaron a favor 84 legisladores de la oposición, del gobierno y de bloques aliados.

Los 12 votos en contra correspondieron al bloque de la alianza de centroderecha Unidad Nacional, que se negó a apoyar la derogación porque implicaba "un nefasto precedente", según su portavoz, Javier Bedoya.

"No podemos avalar a quienes toman el control de las vías de comunicación para protestar", dijo el legislador en referencia a las movilizaciones indígenas que bloquearon carreteras y puertos fluviales en el norte del país.

En la noche del miércoles, García admitió que se debió consultar a los "apus", dirigentes de los 332 mil nativos amazónicos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en la elaboración de los decretos.

"Reconozco que no se conversó con los jefes de las comunidades nativas", dijo García, pero insistió en las "bondades" de los decretos que despachó para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.

Pero el mandatario volvió a afirmar que los indígenas que se oponían a esos decretos no actuaron por propia iniciativa ni razonamiento, sino manipulados por agitadores políticos a los que no identificó.

"Agitadores, violentistas y politiqueros convencieron a muchos nativos de buena fe que la ley iba a quitarles el agua y la tierra... Todo eso no era cierto", señaló. "Eso llevó a actos de violencia y bloqueos de carreteras, y allí criminales ocultos detrás de los nativos emboscaron a la policía", agregó el presidente.

García negó que los indígenas awajún, que lideraron la protesta en la nororiental provincia de Bagua, actuaran motivados porque no fueron consultados sobre los decretos. El presidente insistió en que fueron delincuentes comunes los que condujeron la protesta, y no los indígenas, a quienes se les ocultó los beneficios de esas leyes, dijo.

"No se calculó que detrás de los nativos se ocultaría gente criminal y cruel dispuesta a matar policías y a empujar a la policía a matar a muchos nativos", señaló. "Los jefes nativos creyeron en los agitadores y demagogos, en vez de revisar por ellos mismos las leyes", abundó.

El 5 de junio, un operativo policial ordenado por García, para desalojar a los indígenas que controlaban la carretera que une la costa norte con Bagua, terminó con la muerte de al menos 10 civiles y 24 policías.

El Congreso investiga la responsabilidad del Poder Ejecutivo y de los dirigentes indígenas en esos hechos.

Un acercamiento con los "apus" amazónicos fue iniciativa del primer ministro Yehude Simon, quien el lunes se reunió en la localidad de Mazamari con líderes de la etnia asháninka.

Para sorpresa del Poder Ejecutivo, Simon firmó un acuerdo comprometiéndose a derogar los decretos 1.064 y 1.090, exigencia de los indígenas para levantar la protesta.

Pero los tambores de guerra no han cesado. Poco después de la derogación de los decretos, el Ministerio de Justicia anunció que prepara un pedido de extradición contra el presidente de la Aidesep, Alberto Pizango, quien viajó este jueves a Managua, tras obtener asilo del gobierno de Nicaragua.

Cuando las autoridades ordenaron la semana pasada la captura de Pizango, al que responsabilizaron de la violencia desatada en Bagua, éste se refugió en la embajada de Nicaragua.

La vicepresidenta de la Aidesep, Daysi Zapata, saludó la derogación de los decretos. Pero, dijo a IPS, "la grave situación de confrontación pudo haberse evitado si es que los pueblos indígenas eran consultados conforme manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ahora no nos estaríamos lamentando por tantas muertes".

Apenas efectuada la votación en el Congreso, la Aidesep ordenó a sus bases a lo largo y ancho del territorio amazónico que levantaran las medidas de fuerza. Para la dirigencia indígena, este logro es solo un episodio de una larga lucha.

Otros dos decretos habían sido derogados el año pasado, luego de que la Aidesep emprendió una intensa movilización con bloqueos y paros.

"Todavía quedan pendientes otras normas que nuestros hermanos de la Amazonia exigen su derogación, de modo que esperamos que en la mesa de diálogo se promueva la discusión sobre las mismas", señaló Zapata. "Esperamos una rectificación en los hechos".
FUENTE: La Jornada

lunes, 22 de junio de 2009

La guerra contra los pueblos indígenas

18 de junio de 2009
Francisco López Bárcenas
La reciente matanza de indígenas amazónicos llevada a cabo el día 5 de junio pasado por el Estado peruano confirma que en América Latina los estados nacionales mantienen una guerra contra los pueblos indígenas que habitan sus territorios. ¿Cuándo comenzó esta guerra?

La pregunta admite varias respuestas. Una afirma que dio inicio cuando los europeos invadieron el territorio y comenzaron una guerra de conquista, dando origen a un régimen colonial que aún persiste, a pesar de las sucesivas guerras de independencia. Otros dirán que es con el surgimiento de los estados nacionales donde comienzan las guerras contra los pueblos indígenas, para imponerles las ideas liberales, con el propósito de fraccionar sus tierras comunales, imponiéndoles al mismo tiempo la organización política representativa como única forma de gobierno. La última dirá que comenzó con el neoliberalismo, que vio en sus territorios una reserva de recursos naturales con carácter de bienes comunes que los colocaba fuera del mercado, mismos que deberían ser convertidos en propiedad privada para que pudiera circular libremente en él.

Cualquiera que sea la respuesta a esa interrogante, lo cierto es que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, los invasores primero y después los estados nacionales agredieron brutalmente a los pueblos indígenas con el propósito de destruirlos, al grado de que a los más fuertes no les quedó otro camino que resistir, dando lugar a lo que los historiadores han denominado guerra de castas, aunque no faltan quienes con más propiedad afirman que se trató de una segunda conquista. En México fueron verdaderas declaraciones de guerra del ejército federal contra los pueblos indígenas. Aún en el año 2000 las autoridades del pueblo seri andaban buscando algún documento que levantara la declaración de guerra que Porfirio Díaz había declarado en su contra, sin que se encontrara por ningún lado.

Las guerras las perdieron los pueblos, dando origen a un colonialismo interno que las revoluciones agrarias del siglo XX no lograron poner fin, porque no participaron en los pactos mediante los que se les dio por terminadas; así, los herederos de los conquistadores siguieron las mismas políticas de aquéllos y en algunos casos las profundizaron, aunque con otras formas que no las hicieran tan evidentes. Fue así como idearon el indigenismo como política de Estado.

A finales del siglo XX y principios del XXI, el antagonismo se ha profundizado y los administradores de los estados reaccionan con violencia cuando el cuestionamiento a sus políticas las exhibe como inviables para mantener el modelo mercantil como único modelo de vida.

Un recuento de la represión oficial contra los pueblos indígenas, tan sólo en los nueve años del presente siglo, mostraría que ha dejado más muertos que en aquellos estados que sufren alguna invasión imperial, o de los que formalmente se encuentran en guerra civil. Acteal, en el estado de Chiapas; Aguas Blancas, en Guerrero, Agua Fría en Oaxaca, son monumentos a la ignominia de esa represión; pero desgraciadamente estos hechos sangrientos no suceden sólo en México: la represión igual se da desde Guatemala, contra los pueblos mayas, hasta Chile, contra los mapuches. Apenas en meses pasados lamentamos la represión gubernamental contra la minga indígena colombiana que buscaba defender los territorios indígenas y los recursos naturales, y ahora una concentración pacífica de indígenas en Perú pidiendo la derogación de leyes que permitían arrebatarles los suyos, es reprimida brutalmente, dejando decenas de muertos, heridos y desaparecidos.

Ninguno de estos actos de represión es un caso aislado. Detrás se encuentra la decisión de los pueblos indígenas de defender sus recursos naturales, sustento de su vida y futuro como pueblos; pero también la de las trasnacionales de apoderarse de ellos para convertirlos en mercancía.

Hasta ahora los gobiernos nacionales han jugado del lado de estas últimas de diversas maneras: modificando los marcos jurídicos que conviertan los bienes comunes en propiedad privada, generando políticas que liberalizan la apropiación de esos bienes y poniendo las represivas a su servicio para sofocar el descontento.

Frente a tanta agresión, la sociedad reacciona, se moviliza, protesta. Ahora mismo la sociedad peruana y la internacional exige que los responsables de la matanza en el Amazonas peruano sean destituidos y procesados por esos crímenes, pero no se ve por ningún lado el mecanismo jurídico para que pueda lograrlo. Mientras se idea uno, no olvidemos que las matanzas son parte de la guerra contra los pueblos indígenas, y si queremos que ya no se repitan, no podemos quedarnos callados.

Misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos al Perú en torno al conflicto en Bagua

COMUNICADO DE PRENSA
Lima, 19 de junio de 2009
Los días 16 a 19 de junio la Federación Internacional de Derechos Humanos organizó una visita de observación en Perú, con el apoyo y la colaboración de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), organizaciones miembros de la FIDH en el Perú.

Los integrantes de esta misión fueron la hermana Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador y Rodolfo Stavenhagen, miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

La misión tenía por objetivo

- obtener información sobre los sucesos violentos que ocurrieron en el departamento de Amazonas los días 5 y 6 de junio de 2009, que dejaron el lamentable saldo de numerosos muertos, heridos y desaparecidos entre los miembros de comunidades nativas, civiles no indígenas y también miembros de la policía;
- determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el marco de estos acontecimientos, y
- conocer la responsabilidad de los diferentes actores que intervinieron en el conflicto.

Durante esta breve misión tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes autoridades del Gobierno, entre ellos con el Primer Ministro Yehude Simon, con organizaciones de defensa de los derechos humanos, agentes pastorales en la región, organizaciones indígenas tales como la AIDESEP, y miembros de las comunidades nativas awajún de la Amazonía. Visitamos la zona de Bagua Grande, Bagua y Jaen, y realizamos entrevistas en la ciudad de Lima.

Según testimonios recibidos, el operativo de desalojo de las personas que estaban realizando desde hacía casi dos meses un bloqueo pacífico de la carretera Fernando Belaúnde en el lugar conocido como “Curva del Diablo”, se inició en la madrugada del 5 de junio sin previo aviso. Según los testimonios, la policía comenzó disparando contra las personas que se acercaban para dialogar, causando varias muertes y heridos. Ello produjo una respuesta de parte de las personas reunidas en la carretera y en la refriega también fallecieron ocho policías. La mayoría de las personas reunidas salieron huyendo del lugar. Cuando menos dos helicópteros de la policía sobrevolaron el lugar disparando proyectiles de gases lacrimógenos con el objeto de dispersar a la población, y algunos testigos reportan que también hubo disparos de bala desde estos aparatos.

De acuerdo con los testimonios recabados, el lugar de los hechos fue cercado por la policía durante cinco días, sin que la población se pudiera acercar. En esas circunstancias se reportan numerosos desaparecidos que no han sido identificados ni localizados. Los representantes del ministerio público y de la Defensoría del Pueblo sólo llegaron al lugar de los hechos horas después del comienzo de la balacera. La imposición del estado de emergencia y el toque de queda dificultó considerablemente la búsqueda de cadáveres y personas desaparecidas. La población de la zona, así como los indígenas sostienen que esos días fueron empleados para eliminar vestigios de las muertes ocurridas y que un número indeterminado de cadáveres desapareció.Horas después se extendió la violencia a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en donde fueron muertos y heridos de bala numerosas personas por la policía. Se reporta la acción de francotiradores que se apostaban en las azoteas de las casas.

Hasta la fecha el gobierno no ha hecho público un informe completo y coherente de los eventos, pero diversas autoridades han señalado los “errores” que se habrían producido en el operativo. Las informaciones sobre los muertos, heridos y desaparecidos son incompletas y contradictorias. La Defensoría del Pueblo ha proporcionado cifras preliminares que deberán ser completadas a raíz de las investigaciones en curso.

Por su parte, los testimonios recabados por la misión indican estimaciones de muertos y desaparecidos superiores a las cifras oficiales, pero hasta la fecha no han sido documentadas con evidencia dura. Esto se refiere a reportes sobre quema de cadáveres, fosas comunes y cuerpos echados al río, denuncias que no han sido comprobadas, así como testimonios sobre heridos que habrían sido ultimados por la Policía Nacional y la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales).

Originalmente el número de detenidos en el operativo fue de 133, de los cuales 18 permanecen en prisión. A la fecha hay 61 procesados por hechos delictivos.

Se informa de problemas de indefensión que tuvieron los detenidos indígenas, desde la ausencia de intérpretes hasta la imposibilidad de contar con un abogado de su elección. Recién cinco días después de producido el enfrentamiento de la Curva del Diablo, los abogados fueron autorizados a ver a los detenidos. Durante estos días, los indígenas detenidos fueron objeto de diversas formas de maltrato físico y psicológico.

El conflicto tuvo otro desenlace trágico en el asesinato de diez policías por parte de nativos reunidos en la Estación de Petróleo # 6 a cierta de distancia de Bagua. A la fecha hay 8 personas procesadas por estos homicidios.

El origen de este conflicto se da meses antes en la protesta de los pueblos indígenas de la región amazónica en contra de varios decretos legislativos vinculados al proceso de desarrollo económico de aquella zona, que fueron adoptados por el Congreso de la República sin el consentimiento, la participación o la consulta a la población local. Cuando se produjeron los hechos violentos reportados, aún estaban dialogando los indígenas con las autoridades, por lo que resulta aún más sorprendente la acción intempestiva de la Policía Nacional contra los indígenas que bloqueaban la carretera.

Conclusión
Los miembros de la misión de observación expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, tanto en la Curva del Diablo como en Bagua y Bagua Grande, que generó un número aún indeterminado de muertos, y al menos 150 heridos de bala entre los civiles, tanto indígenas como habitantes de dichas ciudades.

Señalamos nuestra preocupación por los obstáculos que fueron presentados para la atención legal, la ayuda humanitaria y la salud de las personas detenidas o quienes buscaban retornar a sus comunidades.

Nos preocupan los testimonios sobre prácticas de tortura hacia los detenidos awajún por parte de efectivos de la DINOES y la de la Policía Nacional local. Esta preocupación se mantiene por el traslado súbito de los presos indígenas a la cárcel de Huancas, en las afueras de Chachapoyas, una localidad muy alejada de la zona awajún, en la práctica casi incomunicada, lo cual hace mucho más difícil el contacto de los detenidos con sus familiares y con los abogados. También nos preocupa, en lo particular, la situación del dirigente awajún Santiago Manuim Valera, quien recibió varios disparos de bala en el abdomen el día 5 de junio, pese a lo cual el Poder Judicial ha emitido una orden de detención en su contra, acusándolo de diversos delitos como instigación al homicidio.

En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido responsables de ellos.

Muy preocupante es para nosotros la evidencia de hostigamiento, denuncias y acusaciones contra líderes de organizaciones sociales e indígenas, así como la denuncia contra Radio La Voz y otros medios de comunicación independientes. En este escenario hemos tomado conocimiento del asilo forzado del presidente de AIDESEP y el procesamiento penal de integrantes de esta asociación.

Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso el día 19 de junio, por lo que fue removida una parte de las causas principales del conflicto. Si esta acción se hubiera dado a tiempo, se habría podido evitar la tragedia de Bagua.

Consideramos que se abren posibilidades para un diálogo nacional sobre las cuestiones del desarrollo de la cuenca amazónica, con la plena participación de los pueblos indígenas.

Nos alienta la intención del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de establecer sendas comisiones de investigación sobre los eventos de Bagua. Estas investigaciones deben no solamente esclarecer los hechos sino también establecer responsabilidades. Deben estar integradas por personas totalmente independientes y de comprobada seriedad y honorabilidad no vinculadas a intereses políticos particulares.

Se preparará un informe completo de la Misión que será entregado al Gobierno del Perú.

Agradecemos las atenciones que hemos recibido para el buen desempeño de nuestra tarea de las autoridades del gobierno, de las organizaciones civiles y de las comunidades indígenas de la región.

ONU. Relator Anaya al concluir su visita a Perú recomienda establecer Comisión de investigación

"Persisten desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración de las circunstancias que llevaron a la tragedia en Bagua el 5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de solución pacífica a los problemas subyacentes"

El Relator recomienda se establezca una comisión especial e independiente, conformada por instituciones que tengan credibilidad para todas las partes y que cuente con representación indígena.

Diálogo Gobierno e indígenas. Recomienda incluir tema de otros decretos legislativos susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.

Situación de Alberto Pizango y otros líderes. El relator recomienda revisar las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas cuya participación en el dialogo es indispensable.

Contrariamente a lo difundido por el gobierno peruano, el comunicado del Relator NO emite ninguna conclusión sobre si hubo o no genocidio en los sucesos de Bagua.
Se reproduce a continuación el comunicado.



El Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas concluye visita al Perú

19 de junio de 2009 Lima, Perú - “En los últimos días se han seguido dando pasos decisivos encaminados a la solución a los problemas de fondo que aquejan a los pueblos indígenas del Perú por el camino del diálogo, como la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, persisten desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración de las circunstancias que llevaron a la tragedia en Bagua el 5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de solución pacífica a los problemas subyacentes”, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya, a concluir su visita al Perú.

El Relator Especial realizó una visita de 3 días al Perú – del 17 al 19 de junio de 2009 – a fin de observar, comprender y analizar la situación que se produjo en Bagua, Departamento de Amazonas, el 5 de junio y los días inmediatamente posteriores, así como los hechos que generaron esta situación.

“Hago llegar mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas así como mi solidaridad con las personas que resultaron heridas en estos lamentables sucesos y reitero el llamado que realicé en mi comunicado del 10 de junio de 2009 para que se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas así como que cualquier demostración o manifestación se efectúe de forma pacífica respetando los derechos humanos de todos”, dijo el Relator Especial.

Durante la visita el Relator Especial realizó reuniones con los miembros del Congreso, diversos Ministros, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y con representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, inclusive en la región de Bagua. El Relator Especial agradece la invitación y el apoyo del Gobierno del Perú así como todas las facilidades que recibió de su parte para la realización de la visita, y considera que demuestra un gesto de buena voluntad y apertura del Gobierno peruano.

El Relator Especial toma nota de las investigaciones llevadas a cabo y actualmente en curso por el Ministerio Público y las averiguaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo, así como la iniciativa para establecer una comisión de investigación del Congreso de la República, para aclarar los hechos del 5 de junio. Sin embargo, durante las reuniones que ha llevado a cabo durante la visita, el Relator Especial ha recibido versiones divergentes y hasta antagónicas en cuanto a los sucesos en Bagua y de las circunstancias en que éstos se produjeron.

El Relator Especial considera que es necesario realizar un esclarecimiento e investigación completa y objetiva sobre estos hechos, para que todas las partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido. A este fin, el Relator Especial recomienda que se establezca una comisión especial e independiente, conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con representación indígena. Asimismo, recomienda que se de consideración a la participación de actores de la comunidad internacional en el trabajo de esta comisión especial. “El esclarecimiento de los hechos es esencial para la creación de un clima de confianza que permita avanzar en la búsqueda de soluciones con la participación de todas las partes”, enfatizó el Relator Especial.

Esta comisión especial propuesta es sin perjuicio de las investigaciones que deben desarrollar las instituciones de la administración de justicia para determinar de manera objetiva, exhaustiva e imparcial, las responsabilidades civiles, administrativas y penales que corresponden. El Relator Especial considera que la realización de la justicia es un elemento fundamental para restaurar un ambiente propicio para la solución de los problemas de fondo que aquejan los pueblos indígenas de la Amazonía.

El Relator Especial exhorta a las diferentes instancias que administran justicia a que realicen su trabajo conforme a los estándares internacionales aplicables a la administración de justicia en un Estado de Derecho, especialmente las garantías de independencia, prontitud e imparcialidad. Es importante, en este sentido, que todas las partes tengan claridad sobre los cargos imputados, los lugares donde las personas están detenidas, y la jurisdicción donde se realizarán los procesos; y que los acusados gocen efectivamente de todas las garantías de debido proceso, especialmente la garantía de una defensa legal adecuada y efectiva, así como que se aseguren condiciones adecuadas de detención.

Además, el Relator Especial recomienda que se profundice el proceso de diálogo iniciado. Entre los aspectos sustantivos del diálogo debería incluirse el relativo a los otros decretos legislativos que han preocupado a los pueblos indígenas y son susceptibles de afectarles, así como los otros temas de fondo que dichos pueblos han planteado en las diferentes instancias de diálogo hasta ahora.

En el proceso de diálogo deberían estar representados todos los actores relevantes, y los pueblos indígenas a través de sus representantes libremente elegidos por ellos mismos.
La transparencia del diálogo es esencial para que sea fructífero. En este sentido, debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutable los acuerdos a que se lleguen y para resolver las cuestiones que se susciten durante el proceso.

Como una medida de creación de confianza para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda revisar las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas cuya participación en el dialogo es indispensable.

Asimismo, tanto el proceso como los acuerdos a que se lleguen deben estar inspirados y ser compatibles con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, inclusive aquellos sentados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, el cual ha sido ratificado por el Perú. El Especial Relator recomienda, en este sentido, que se recurra a la asesoría técnica de la OIT y de otros organismos internacionales.

El Relator Especial nota que el Perú tiene ahora una oportunidad para establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos internacionales en la aplicación interna de los criterios y principios establecidos en los instrumentos internacionales aplicables, en particular, en lo que se refiere a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, de cualquier medida que dichos pueblos consideren pueda afectar sus derechos.

El Relator Especial destaca la importancia que el proceso de solucion de esta situacion se realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en el Perú.

Finalmente, el Relator Especial reitera su disponibilidad e interés de realizar una visita posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo observado y también de examinar la situación general de la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas del país, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como el Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales del los indígenas por un período inicial de tres años. El Sr. Anaya es titular de la cátedra James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos.

Fuente:
Centro de Información de las Naciones Unidas Para el Perú

miércoles, 17 de junio de 2009

Amazonas: la desgracia como oportunidad para el desarrollo

Escribe: Rudecindo Vega Carreazo * Nacional - 14 jun 2009

Hoy mi querido departamento Amazonas, está de duelo, ha puesto de duelo al Perú y también en el día del medio ambiente ha puesto de duelo al mundo. Que desgracia lo que ha ocurrido en Amazonas y que desgracia mayor escuchar la enorme ignorancia con lo que juzgan, opinan e informan sobre nuestro departamento las autoridades, políticos y comunicadores. El gran problema amazonense es que padece la peor dominación: el olvido.

Pocos conocen que “Amazonas, nuestro departamento es una clara expresión actual e histórica de diversidad cultural, de coexistencia de diferentes manifestaciones culturales. La más conocida, estudiada y difundida la cultura de los Chachapoyas; la aún olvidada pero felizmente viva la de los Jíbaros (Aguarunas y huambisas) y la lamentablemente desconocida en nuestro propio departamento la cultura de los Pucamoros”.

En el norte, en Bagua y sobre todo en Condorcanqui, la provincia más pobre y lamentablemente la más desarticulada del departamento se encuentra el centro, de dos culturas aún vivas, pertenecientes al grupo lingüístico de los Jíbaros, conocidos como los Aguarana (Awajún como ellos se llaman) y los Huambisa. Ellos, paulatinamente, se han ido integrando en un solo grupo pero se estima que el 90% son Aguaruna y el 10% Huambisa. Nuestros Jíbaros no pudieron ser conquistados por los Incas ni por los españoles y lamentablemente durante la República los hemos sumido en el olvido y abandono. Los Jíbaros no son exclusividad de nuestro departamento, puesto que en el Perú los podemos encontrar en toda la zona ahora convulsionada: en el noreste Cajamarquino (provincia de San Ignacio), en San Martín (provincias de Rioja y Moyabamba), en Loreto (provincia de Alto Amazonas) y también en la zona sur del vecino país del Ecuador en donde se les conoce como Shuar.

Los Jíbaros constituyen la segunda cultura nativa más grande del Perú. La ultima información del INEI (febrero del 2009) considera que los Aguarunas constituyen el 16.6% de la población indígena amazónica después de los asháninkas que representan el 26%. La población jíbara (Aguaruna, Huambisa, Achual, Shapra) en total representa el 24% de la población indígena.
Tampoco se conoce y difunde, nadie lo ha destacado, que Amazonas hoy por hoy lidera el crecimiento de la pobreza en el país. Efectivamente, hace pocos días el INEI informa que en el 2008 la pobreza en el Perú se redujo de 39.3% el 2007 a 36.2% en el 2008 y en Amazonas la pobreza subió de 55% el 2007 a 59.7%. La pobreza se ha reducido en 18 departamentos y ha crecido en 6. Amazonas lidera con 4.7% el crecimiento de la pobreza. Mientras el Perú tiene menos pobres, amazonas tiene más pobres.

Los distritos más pobres en Amazonas se encuentran en la Provincia de Condorcanqui, habitad de los nativos Aguarunas y Huambisas. La ultima información de la pobreza por distritos y provincias del INEI publicadas en febrero correspondientes al 2007 señalan: Condorcanqui 76.3% (El Cenepa 84.3%, Río Santiago 80.7% y Nieva 70.7%); Bagua 53.8% (Imaza 78.1%); Utcubamba 49,7%. Así fue el 2007, con la información oficial del INEI de que la pobreza en Amazonas subió el 2008 obviamente estas cifras distritales y provinciales deben ser más dramáticas.
En lo que se refiere al Desarrollo Humano, Amazonas ocupa el puesto 19 de los 24 departamentos. En todos los índices estamos por debajo del promedio nacional: Los amazonense viven menos años, tenemos menos escolaridad y logro educativo y nuestro ingreso familiar per cápita es 25% menos que el promedio nacional. En materia de necesidades básicas insatisfechas las cifras también son bastante elevadas respecto de la desnutrición, el analfabetismo y las carencias de agua, desagüe y luz.Por otro lado, otro rasgo distintivo es que mientras el Perú es cada vez más urbano (74%), Amazonas es un departamento mayoritariamente rural (59,4%). Hoy sabemos que el centro de la pobreza y la falta de políticas de desarrollo se concentran en las áreas rurales del país.

Felizmente, a pesar de todas nuestras carencias, Amazonas tiene muchas potencialidades multiculturales, medio ambiente y biodiversidad, productivas, energéticas, turísticas, geopolíticas para combatir sus limitaciones y carencias. Lamentablemente es poco el apoyo estatal para convertir esas potencialidades en realidades, nuestros recursos es productos y riquezas.

Amazonas puede ser la despensa energética del país. Somos la “Región de los Pongos” y de las cataratas más grandes del país y América. Sólo el Pongo de Manseriche produciría más que toda la Potencia energética actual del Perú. De los 15 proyectos diseñados para exportar energía, tres se encuentran en Amazonas (Manseriche, Rentema y Cumba) y representan 9900 MW, es decir mas de la mitad del potencial energético considerado para exportar.

A nivel turístico Amazonas, no se reduce a Kuelap, a la enorme riqueza cultural de los Sachapuyos debe añadirse en Bagua y Utcubamba la riqueza cultural aún desconocida de los Pucamoros, natural de los pongos y palenteológica de los cementerios de dinosaurios; y en Condorcanqui es nuestra reserva natural intacta, reino de la biodiversidad y de la cultura viva de los Aguarunas y Huambisas.A nivel geopolítico Amazonas es departamento de frontera con Ecuador, nuestros Jíbaros han sido generalmente los “encargados” de proteger la integridad territorial nacional. Amazonas es la puerta norte de ingreso a la Amazonía, es eje del circuito turístico del Nor-Oriente y eje central de la transoceánica del norte.

Toda la discusión respecto del TLC y las normas para implementarlo, en el cual se encuentran los decretos legislativos cuestionados por los indígenas nativos y sectores políticos opuestos a dichos tratados, debe ser comprendida y explicada en el contexto que hemos perfilado. La desgracia de los últimos hechos ocurridos en Amazonas debe servir de oportunidad al Gobierno Nacional, al Gobierno Regional y Municipalidades, a todos los sectores políticos, actores sociales y empresariales para repensar su política respecto de Amazonas y la Amazonía.

Ante la abundancia de acusaciones mutuas, la tradicional costumbre de lavarse las manos y echar la culpa al otro y, sobre todo, ante la carencia de propuestas, desde aquí proponemos para Amazonas y el Perú, la creación de una Comisión que además de mediar para resolver los temas denunciados y el conflicto actual, tenga por encargo la elaboración de una estrategia de desarrollo territorial de carácter departamental. La iniciativa que se impulsa para el VRAE, salvando todas las diferencias, puede ser impulsada para Amazonas.

Quiera Dios que exista en plena turbulencia la serenidad para tomar decisiones adecuadas en todos los involucrados en el conflicto, quiera Dios que todos nos aproximemos al problema proponiendo soluciones, quiera Dios que los remedios que hoy se diseñan sirvan para el futuro. Quiera Dios, que este sea un momento de unidad amazonense para sentar las bases del desarrollo departamental que siento plural también sea sostenible. Quiera Dios que las autoridades y ciudadanos tengamos la firme voluntad de enmendar errores. La sangre derramada de nuestros hermanos nativos, policías y civiles hoy nos da una oportunidad que ojala no la dejemos pasar. Amazonas puede, quiere y debe despegar.

(*) Publicado en www.ser.org.pe

Perú deroga leyes que irritan a los indígenas

* Distensión en el conflicto amazónico
LIMA/WASHINGTON.- El Gobierno peruano puso reversa en la crisis con las comunidades amazónicas al anunciar un proyecto para derogar definitivamente dos de las controvertidas decretos legislativos, que generaron los violentos enfrentamientos que dejaron 34 muertos hace 10 días.
En una reunión de trabajo con líderes selváticos en la región Junín, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, aseguró que no defraudarán a los pueblos indígenas porque “los compromisos se cumplirán”.
Simon firmó un acta de entendimiento con los representantes de 390 comunidades indígenas en la que se compromete a proponer hoy al Congreso, a través de un proyecto de ley, la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, conocidos como “las leyes de la selva”.
Ambos decretos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y madereros, y son contestados por los movimientos indígenas por su contenido supuestamente lesivo para ellos y porque, aseguran, no se respetan los mecanismos de consulta legales. El resto de leyes en disputa (ocho en total) serán evaluadas por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalará hoy en Lima.
A cambio, las comunidades nativas levantarán el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima (nudo vital del país) por un lapso de cuatro horas diarias, hasta que se deroguen definitivamente los decretos legislativos.
Llega enviado de la ONU
En este contexto, el relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, James Anaya, llega hoy a Perú para emprender una investigación sobre los violentos enfrentamientos sucedidos en Bagua, el pasado 5 de junio, que se saldaron con al menos 34 muertos, 24 de ellos policías.
Además, 15 grupos de derechos humanos y defensa del ambiente informaron el lunes que solicitaron al Gobierno del presidente Barack Obama que adopte “acciones inmediatas” para determinar si la derogación de los referidos decretos pudiera interferir con la ejecución del tratado bilateral de libre comercio. (Agencias)
Lima y La Paz agudizan su enfrentamiento diplomático
Perú
El embajador de Perú en Bolivia, Fernando Rojas, advirtió que las relaciones entre ambos países están en un momento “extremadamente complejo”, momentos antes de partir a Lima convocado a consultas por su Gobierno.
El presidente Alan García llamó a su embajador para expresar su malestar con el presidente de Bolivia, Evo Morales, por calificar como “el genocidio del TLC (Tratado de Libre Comercio)” el conflicto violento vivido en la Amazonia peruana.
Antes de tomar su vuelo a Perú, el embajador Rojas explicó que fue llamado como expresión de “preocupación y molestia por las continuas declaraciones que diferentes funcionarios de este país (por Bolivia) han realizado sobre asuntos internos del Perú”.
Recordó que es la segunda vez en un año que Lima le llama a consultas lo que es, dijo, “sorprendente e inhabitual: tiene un significado en el lenguaje diplomático internacional”.
Bolivia
El Gobierno de Bolivia, por boca del canciller David Choquehuanca, restó importancia a la convocatoria de Lima a su embajador y la calificó de “práctica normal”.
La ministra de Justicia, Celima Torrico, agregó los movimientos sociales e indígenas que apoyan al presidente Evo Morales han responsabilizado al Gobierno de García de lo ocurrido en Bagua. Sobre una carta que Morales envió a los aborígenes peruanos, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, dijo que su Gobierno “está orgulloso de cada una de las palabras” contenidas en la misiva.
“Si es necesario enviar 10 cartas, 20 cartas para alertar no solamente a los pueblos indígenas, a los pueblos del mundo sobre los peligros del neoliberalismo, no vamos a dudar en enviarlas”.“El presidente García y su Gobierno no se han enterado de que ya no hay virreinatos en América”. EFE

Grupos dominicanos condenan "enérgicamente" la muerte de indígenas en Perú

EFE
Grupos populares dominicanos expresaron hoy su condena "enérgica" por la muerte de indígenas en los disturbios de las últimas semanas en Perú, a cuyas autoridades solicitaron levantar el estado de sitio en varias comunidades indígenas.

En una carta entregada en la embajada del país andino en Santo Domingo, los grupos denunciaron "la masacre" de indígenas de las etnias Awajun y Wampis por parte de la Policía peruana que "con helicópteros y centenares de efectivos armados, trataron de desalojarlos y aplastar su huelga en defensa de sus territorios".

En la misiva, dirigida al presidente Alan García, las organizaciones expresaron su solidaridad con las demandas de los indígenas de ese país.

"También demandamos el cese de la represión y el levantamiento inmediato del estado de sitio en las comunidades indígenas", subrayaron.

La carta fue rubricada por más de una veintena de organizaciones, entre ellas el Foro Social Alternativo, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y el Movimiento de Campesinos Trabajadores de Comunidades Unidas.

Las protestas que se viven en Perú llegaron a su culmen el 5 de junio pasado con violentos enfrentamientos y una toma de rehenes en una estación petrolera en la provincia amazónica de Bagua, que se saldaron con la muerte de al menos 24 policías y 10 indígenas.
FUENTE: ADN.ES

Miguel Ángel Jusayú : el gran comunicador wuayuu Morelis Gonzalo

Jusayú es considerado el padre de la lengua wuayunaiki (lengua de los wayuu) no sólo porque escribió y sistematizó su gramática, sino porque además había recopilado buena parte de su léxico contemporáneo donde buscaba reflejar la episteme guajira, en un diccionario que ya había tenido su primera versión en el año en 1988, con el apoyo de Jesús Olza Zubiri y el centro de Lenguas Indígenas de la Universidad Católica Andrés Bello y el cual aspiraba concluir dentro de 15 años, cuando él cumpliera 95, pero Maleiwa (Dios wuayuu) dispuso otra cosa.

Escribía Pipo Álvarez, lingüista de LUZ, que “Toda la Guajira está presente en Miguel Ángel Jusayú “ y agregaba que “como el Homero de los griegos, mira hacia adentro y recoge cantos y palabras” pero más allá de esta comparación con el griego, está el hecho ineludible de que Jusayú, al igual que Juya (El dios lluvia de los wayuu) “ plena toda La Guajira con su abundancia, llenado sus jagüeyes y haciendo desbordar sus quebradas con palabras”.

Jusayú junto con Paz Ipuana, es sobre todo el gran divulgador de los cuentos y relatos de los wayuu con “lo cual ha logrado dar el primer gran paso hacia la construcción de la lengua guajira literaria escrita” puntualiza el investigador. En ellos abundan las temáticas biográficas, anecdóticas, transformación de hombres en animales y seres sobrenaturales.

Es entonces, desde esta dimensión, donde Miguel Ángel, el niño Shua, no solo se convierte en el padre de la lengua wayuu, sino en el gran comunicador de esa cultura, generadora de un gran diálogo entre los hombres y mujeres de esa etnia, la más numerosa de la cuenca del Caribe, la que pudo sobrevivir al genocidio español encabezado por Colón.

Un día después de su muerte vi en las calles de Maracaibo uno de los mejores homenajes que se le pudiera hacer a Jusayú, vi en un parabrisa de un conocido transporte público de la ciudad, la ruta 6, un letrero escrito en wuayunaiki y alijunaiki (lengua española, como recién le escuche al propio Miguel Ángel) que decía: MIGUEL ANGEL NUESTRO y supe entonces, que estaba frente a alguien que había logrado galvanizar el alma de este pueblo en sus libros e investigaciones y que la gente lo sabía.

Los relatos Wuayuu forman parte de esa producción inicial de elementos comunicacionales, no tomada en cuenta en los estudios seminales de la comunicación en América Latina y que, tan acertadamente ha revalorizado Luis Ramiro Beltrán y otros investigadores en el libro “ La comunicación antes de Colón” en donde, destaca el periodista Washington Uranga de Pagina 12 de Argentina (http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-126390-2009-06-10.html) resalta la idea de “que los estudios sobre esta parte del mundo sólo han contemplado hasta el momento –salvo pocas excepciones también consignadas en la investigación– la historia de la comunicación a partir de la introducción de la imprenta por los conquistadores en México” dejando de lado toda una historia de los pueblos con grafía y sin ella.
Los autores, explica el periodista Uranga, se dieron a la tarea de discutir el concepto de comunicación, para sacarlo de la reducida mirada que lo restringe a los medios y, en cambio, lo vincula de manera definitiva con la cultura. En el trabajo se señala que la comunicación de los pueblos originarios de estas tierras se dio a través de dos grandes modalidades: entre la persona y el grupo social y entre el individuo y su mundo naturalreligioso.
Entre los aspectos que se destacaron como tipos y formas de comunicación de los pueblos originarios, destacan la poesías y relatos (comunicación oral); danzas, rituales y teatro (comunicación gesto espacial-sonoro); quipus, tejidos, quilcas y pallares (comunicación escrita); piedra, cerámica, orfebrería, platería, tokapus, tejidos y sellos (comunicación iconográfica) y lugares sagrados, monumentos, plazas, estelas, portadas, caminos y correos en la ciudad (comunicación espacio-monumental) puntualiza W. Uranga.

Miguel Ángel Jusayú, no sólo es entonces la persona que sistematizó la lengua Wuayunaiki sino y sobre todo, es el gran comunicador que difundió por el mundo la cultura de esta étnia para el disfrute de los Wayuu y de los alijunas (persona no indígena) asegurando de este modo, por un lado la permanencia de esta cultura y por otro, dando a conocer el poder identitario y subversivo que tiene los cuentos y leyendas de los pueblos originarios “ al agudizar la imaginación y creatividad de nuestros pueblos en términos radicalmente distintos de las lógicas que nos dominan” tal como afirma Jorge Pocaterra, impulsor de la educación intercultural y traductor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al wuaynaiki.

Espero entonces que Juya (el Dios Lluvia) y Maleiwa reciban a Jusayú y desde allí siga iluminando y protegiendo a su pueblo y…. a todos nosotros.

El temor “a romper tradiciones” limita a las lenguas originarias

*Marisol Ceh Moo se erige en la autora de la primera novela escrita en maya.
*Teya, un corazón de mujer documenta la vida y asesinato de un líder social en Yucatán, en los años 70 del siglo pasado.
*El libro será presentado este jueves en el Museo de Culturas Populares.

La Jornada, Arturo García Hernández

La primera novela escrita en maya –X-Teya, u puksi’ik’al ko’olel (Teya, un corazón de mujer)– no habla de la creación del mundo ni cuenta la enésima versión de la leyenda de la X-Tabay o del Dios Jaguar, ni hace apología del canto de los pájaros.

Su autora, Marisol Ceh Moo, así lo quiso. Su tema urgente era otro: la vida y el asesinato de un líder social en Yucatán, en la década de los 70 del siglo pasado.

Es la historia de Emeterio Rivera, joven abogado comunista, defensor de campesinos y trabajadores frente a los abusos de políticos y caciques estatales.

Dice la escritora yucateca, nacida en Calotmul en 1974: “Yo no me puse a pensar que quería ser la primera mujer que escribía una novela en lengua maya. No, yo sólo quería ser novelista, ése era mi deseo.

“En un encuentro de escritores me enteré de que es la primera novela escrita por una mujer en una de las lenguas originarias de México y de que es la primera novela que se escribe en maya. Y me sorprendí.”

Paradigma inexistente
Teya, un corazón de mujer, publicada por la Dirección General de Culturas Populares, está inspirada en movimientos sociales que tuvieron lugar en Yucatán en la segunda parte del siglo XX: “historias de pensadores y héroes que dieron su granito de arena para cambiar su mundo; entonces yo quería hacer llegar a los lectores esas historias”.

–El hecho diferente es que lo hizo en maya.

–Sí, pero el que sea yo una escritora en un idioma indígena no quiere decir que escriba propiamente de los indígenas, que escriba específicamente de la cultura maya.

“Hay mucha gente que lo hace y yo también puedo hacerlo, pero lo importante es cumplir con el requisito de escribir en mi lengua materna y cumplo con ese papel.

“Aunque no escriba específicamente de mi cultura, en el material se descubre qué clase de mujer lo hizo, mi cosmovisión, mis sentimientos, mi forma de vida, que es maya. Pero cuando se me exige que escriba apegada a géneros como el cuento, el mito, la leyenda, dije: ‘¿por qué escribir lo que ustedes desean?’ Yo quiero emprender el género de la novela’.”

–¿Quiénes la presionaban para ceñirse a determinados géneros?

–Existe un grupo de escritores en el estado (de Yucatán) que se han abocado a escribir en los géneros que mencioné y que me decían que no era posible que alguien rebasara las tradiciones de nuestro pueblo, que alguien rompiera un paradigma para mí inexistente, que sólo ese grupo veía.

“Entonces fui excluida por no acceder a sus solicitudes. Ahora ellos empiezan a entender que lo que estoy buscando es abrir puertas para las generaciones que vienen atrás.”

Insuficiente, el cuento
Marisol Ceh Moo –licenciada en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma de Yucatán (UAY), traductora e intérprete oficial del maya y becaria en tres ocasiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes– sostiene que la única razón por la que no se había escrito antes una novela en maya era “justamente por la falta de conocimiento de las formas y por el temor de romper con las tradiciones; por eso ha habido mucho rezago dentro de las lenguas originarias de México, porque dentro de los mismos grupos culturales hay quienes dicen de qué manera se puede trabajar o no; ellos deciden qué tiene que ser la poesía, la canción en lengua originaria, la leyenda o la compilación de las 50 mil versiones de la X-Tabay.

“Eso no es creación, eso es simplemente modificar el contexto y volver a imprimir. Entonces yo me atrevo y digo: no.

“Además yo juego mucho con los personajes, con los tiempos, con los contextos, con las pasiones, y para hacerlo necesito una novela; no me alcanzan las 20 páginas de un cuento.”

Un idioma completo
–¿El maya tiene todos los elementos gramaticales, la sintaxis, el vocabulario suficientes para desarrollarse en una novela?

–Es un idioma completo, tiene un sintagma verbal para manejarse. Por ello se puede escribir lo que se quiera en ese idioma, además de que los mal hablantes, y creo que en todas las lenguas originarias de México, tenemos la libertad y la posibilidad, dentro de un contexto, de ir creando los neologismos necesarios, para no desintegrar el idioma, para no castellanizarlo, sino hacerlo más completo. Activar en maya, por ejemplo, los nombres de los nuevos objetos surgidos de la tecnología.

“Fui armando muchos neologismos; me acercaba a personas del grupo cultural maya y les decía: tengo una nueva palabra, les doy el sustento, la propongo y ellos dicen si hay razón para escribir de esa manera y se agrega al diccionario, o si ellos tenían una propuesta, ya me decían.”

(X-Teya, un corazón de mujer, publicada en edición bilingüe con una versión al español, se presentará este jueves a las 18 horas en la Quinta Margarita del Museo Nacional de Culturas Populares.)

martes, 16 de junio de 2009

Perú: Lo ocurrido en Bagua pudo evitarse si el gobierno hubiera escuchado a los indígenas

Por Abel Tsajupat Ikam*
Ayer el gobierno peruano se vio obligado a retroceder ante la firmeza de la lucha de las comunidades nativas. En la selva central del Perú (Huánuco, Pasco y Junín) se inició una huelga indefinida que de inmediato dejó sin alimentos y frutas a Lima, la capital. Es lamentable que cuando en Lima sienten las medidas de fuerza recién reaccionan y no así cuando el nor oriente estuvo paralizado por cerca de 60 días a nadie le importó el desabastecimiento y el sufrimiento.
Tanto el presidente Alán García como el presidente del Congreso Velasquez Quesquén cambiaron su tono arrogante. El Premier Jehude Simon reunido con un grupo de jefes de comunidades nativas escuchó que la selva no se vende y que las comunidades exigen la derogatoria de los decretos; pero también el respeto a la vida y que se escuchen sus propuestas de desarrollo.

También las comunidades andinas del Cusco mantuvieron por 5 días una huelga que amenazaba frustrar la fiesta del Inti Raymi si el gobierno no cedía.

De otro lado los indígenas de Loreto Amazonas y San Martín en la parte nor oriental estamos evaluando las siguientes acciones a realizar. No queremos más muertes ni enfrentamientos. Pero el diálogo no puede ser condicionado a los jefes que están de acuerdo con el gobierno o no pueden sustentar su posición porque no hablan ni entienden el castellano.

El diálogo para ser real debe ser entre iguales y por ello exigimos que los traductores sean de las mismas étnias y contar con la asesoría de nuestros profesionales. El gobierno habla de diálogo sólo con los jefes y pretende desconocer nuestras organizaciones, pero otra vez se equivocarán si pretenden imponernos “diálogos y consultas manipuladas”.

Nuestro hermanos no han muerto en vano y la verdad se sabrá ¿Cuántos realmente han muerto? ¿Cómo fueron muertos? ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Cuántos están desaparecidos? Un awajun nunca olvida. Tampoco nuestra lucha servirá para favorecer a algunos políticos que ahora dicen que son nuestros salvadores, porque los políticos pasarán, pero nuestros pueblos quedarán. Nosotros sabemos quienes son nuestros amigos y quienes no.

Hay una esperanza y eso es bueno.

—* Abel Tsajupat Ikam es Vice Presidente de la organización indígena Federación Regional Indígena Awajun del Alto Mayo (FERIAAM) de la región San Martín.
Información de Servindi

Suiza: Peruanos se congregan frente a la sede europea de la ONU en apoyo a indígenas

EFE, 16 de junio, 2009.- Un grupo de peruanos y representantes de organizaciones civiles se congregaron hoy frente a la sede europea de la ONU en Ginebra para manifestar su apoyo a los pueblos nativos de la Amazonía, tras los disturbios entre indígenas y Policía que causaron una treintena de muertos de ambos lados.

Los manifestantes portaban carteles, en francés y español, con frases como “Nuestros hermanos nativos sufren en manos de un gobierno arbitrario y racista” o “Los derechos de los pueblos indígenas deben respetarse”.

Representantes de los organizadores se dirigieron posteriormente a la misión diplomática de Perú ante la ONU en Ginebra para entregar una misiva de protesta por los sucesos ocurridos en la provincia de Bagua (norte de Perú).

La carta (suscrita por la sección ginebrina del Partido Verde, los colectivos Cambia Perú y Sociedad Civil Perú-Ginebra y el Centro de Europa para el Tercer Mundo, entre otros) reclama “el cese de toda represión” y que “se brinden garantías para la vida y libertad de los líderes amazónicos”.

Asimismo, pide la creación de “una comisión de la verdad independiente que investigue y encuentre a los culpables de las muertes” y que se ponga fin a “la discriminación y criminalización de los pueblos autóctonos”.

Sin embargo, la carta no pudo ser entregada en la sede de la misión diplomática peruana, según denunció posteriormente el representante del colectivo Sociedad Civil Perú-Ginebra y uno de los organizadores de la manifestación, Rodrigo Díaz.
“Con gran sorpresa fuimos recibidos por la Policía, que tenía orden de impedirnos la entrada a nuestra embajada. Esta actitud nos impidió dialogar y explicar nuestra preocupación por la situación actual en el Perú”, lamentó.

Díaz añadió que una misiva de similar contenido será entregada mañana por un grupo de ONG suizas a la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que actualmente se encuentra en un periodo de sesiones.

—Fuente: ADN.es

Suiza: Peruanos se congregan frente a la sede europea de la ONU en apoyo a indígenas

EFE, 16 de junio, 2009.- Un grupo de peruanos y representantes de organizaciones civiles se congregaron hoy frente a la sede europea de la ONU en Ginebra para manifestar su apoyo a los pueblos nativos de la Amazonía, tras los disturbios entre indígenas y Policía que causaron una treintena de muertos de ambos lados.

Los manifestantes portaban carteles, en francés y español, con frases como “Nuestros hermanos nativos sufren en manos de un gobierno arbitrario y racista” o “Los derechos de los pueblos indígenas deben respetarse”.

Representantes de los organizadores se dirigieron posteriormente a la misión diplomática de Perú ante la ONU en Ginebra para entregar una misiva de protesta por los sucesos ocurridos en la provincia de Bagua (norte de Perú).

La carta (suscrita por la sección ginebrina del Partido Verde, los colectivos Cambia Perú y Sociedad Civil Perú-Ginebra y el Centro de Europa para el Tercer Mundo, entre otros) reclama “el cese de toda represión” y que “se brinden garantías para la vida y libertad de los líderes amazónicos”.

Asimismo, pide la creación de “una comisión de la verdad independiente que investigue y encuentre a los culpables de las muertes” y que se ponga fin a “la discriminación y criminalización de los pueblos autóctonos”.

Sin embargo, la carta no pudo ser entregada en la sede de la misión diplomática peruana, según denunció posteriormente el representante del colectivo Sociedad Civil Perú-Ginebra y uno de los organizadores de la manifestación, Rodrigo Díaz.
“Con gran sorpresa fuimos recibidos por la Policía, que tenía orden de impedirnos la entrada a nuestra embajada. Esta actitud nos impidió dialogar y explicar nuestra preocupación por la situación actual en el Perú”, lamentó.

Díaz añadió que una misiva de similar contenido será entregada mañana por un grupo de ONG suizas a la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que actualmente se encuentra en un periodo de sesiones.

—Fuente: ADN.es

México: Radio Ñomndaa, La palabra del agua

Jueves, 4 de Junio de 2009
(Por Íñigo Prieto Beguiristáin,*
www.ircamericas.org)

Programa de las Américas, 1 de junio.- Radio Ñomndaa, en español La palabra del agua, es una radio comunitaria e indígena del estado de Guerrero. Nace como parte del proyecto de autonomía del pueblo nanncue ñomndaa (amuzgo) en el municipio de Suljaa’ (Xochistlahuaca). Su caso es significativo dentro de una problemática más amplia en México que tiene que ver con la falta de pluralidad informativa y los derechos a la libertad de expresión y a la información.

La explosión del fenómeno de radios comunitarias es relativamente reciente en México. Hay un debate amplio sobre la definición de radio comunitaria y las diferencias respecto a otras radios que emiten a nivel local y que, en su gran mayoría, no cuentan con permisos: radios sociales, comerciales, piratas, vinculadas a iglesias, indígenas, educativas, entre otras denominaciones específicas, operan y conviven actualmente en contextos tanto rurales como urbanos de todo el país.

La especificidad de las radios comunitarias tiene que ver esencialmente con el proceso organizativo que está detrás de la radio y con los vínculos que ésta establece con la comunidad en la que transmite.

»»La legitimidad de los procesos organizativos.- La Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (Amarc) define las radios comunitarias como proyectos político culturales y de comunicación que deben entenderse en el marco de las realidades sociales en las que nacen y que pretenden transformar.

Por eso, más allá de las diferencias y de sus identidades particulares, Amarc propone analizarlas estudiando los tipos de relaciones que estos proyectos establecen con la comunidad y el contexto donde surgen, con otros medios de comunicación y con sus audiencias.

México se caracteriza actualmente por sus formas autoritarias de gobierno. Los ciudadanos se sienten lejos de las instituciones del estado ya que éstas responden más a los intereses de la clase política o a intereses económicos de empresas transnacionales. Lo político queda reducido cada vez más a la participación institucional y partidista, excluyendo o limitando formas democráticas de carácter más comunitario y autónomo.

A nivel local encontramos realidades muy diferentes marcadas por una multiplicidad conflictos sociales y políticos así como por la aparición de nuevas formas de organización ciudadana. Para Brisa Maya Solís, del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), es fundamental observar estos procesos organizativos que, en particular, dan lugar al surgimiento de las radios.

Muchas veces las radios son simplemente un pretexto para la organización y acaban ocupando un espacio central de ésta. No hay datos claros sobre el número de radios comunitarias operando sin permiso. Se habla de más de un centenar en todo el país, lo que ha generado amplios debates en torno a su legalización. Principalmente destacan dos posiciones: por un lado se encuentran las radios que buscan un reconocimiento dentro del marco legislativo.

Por el otro, las que consideran que el aire, la frecuencia, es parte del espacio público y simplemente ejercen su derecho a expresarse a través de este medio. La alta concentración de las concesiones y permisos en pocas manos provoca una falta de pluralidad informativa en México.
Hay un monopolio tanto en el sector privado (los grandes grupos de comunicación, Televisa y TV Azteca, controlan la mayoría del espectro radiofónico y televisivo) como por parte del sector público, donde las universidades, el Congreso y estados controlan radios y canales de televisión. Las radios comunitarias buscan precisamente romper con esta falta de pluralidad informativa, generando contenidos que respondan a las necesidades e intereses de las comunidades donde se surgen.

Tras ser declaradas inconstitucionales la Ley Federal de Telecomunicaciones y la de Radio y Televisión de 2006 hay un vacío legal que afecta particularmente a las radios comunitarias. Los grandes grupos empresariales han bloqueado una nueva legislación en la materia y siguen defendiendo criterios esencialmente económicos para otorgar concesiones y permisos, lo que provoca la concentración de medios y que se limite el desarrollo de medios públicos y, todavía más, comunitarios.

No hay un reconocimiento jurídico de las radios comunitarias lo que genera inseguridad y pone en riesgo su supervivencia en muchos casos. Los permisos son otorgados de manera discrecional por el gobierno y en muchos casos negados.

Además, el estado está aplicando no solamente medidas administrativas para requisar los equipos y prohibir la actividad de las radios sin permiso, sino que ya hay antecedentes de acciones penales aplicando la Ley General de Bienes Nacionales (el espacio radiofónico sería un bien de la nación que se estaría usando o aprovechando sin permiso).

Pero más allá de la cuestión legal, la legitimidad de las radios se encuentra en el proceso organizativo que construye y defiende este tipo de proyectos. El caso de Radio Ñomndaa nace desde los usos y costumbres de un municipio mayoritariamente indígena que recupera formas propias de organización y que defiende además sus derechos como pueblos originarios a operar sus propios medios de comunicación.

»»Retos.- Creación de un marco legislativo para las radios comunitarias que reconozca la realidad actual y cuente con la legitimidad de los proyectos ya existentes. Establecer reglas claras para la concesión de permisos que estén basadas en criterios culturales y sociales y no exclusivamente económicos.

Asegurar garantías para el ejercicio de la comunicación y el derecho a la libertad de expresión. Fortalecer los procesos organizativos que conforman una radio comunitaria. Desarrollar mecanismos de protección para y desde las radios comunitarias.

»»La palabra del agua.- Durante los últimos cuarenta años el pueblo nanncue ñomndaa ha denunciado el autoritarismo y la violencia que ejercen los poderes del estado en el municipio, movilizándose en diversos momentos contra los caciques locales amparados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Gran parte de su resistencia se enfoca en la defensa de sus formas comunitarias y colectivas de toma de decisiones y de elección de cargos públicos frente al modelo dominante de los partidos políticos. Como reacción a la imposición de comisarios en varias comunidades del municipio en 2001, los habitantes de la cabecera tomaron el Palacio Municipal y establecieron un gobierno de Autoridades Tradicionales.

Las emisiones de La palabra del agua empiezan en diciembre de 2004. Independiente de partidos políticos y credos religiosos, la radio no es un fin en sí mismo, es una herramienta para generar una reflexión amplia que ayude a fortalecer la cultura y la organización del pueblo nanncue ñomndaa.

Al defender su derecho a la libre expresión de las ideas, los integrantes de la radio sostienen que lo único que hacen es ejercer lo que está recogido en los Acuerdos de San Andrés, negociados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal en 1996 y después cambiados en la contra-reforma aprobada en el Congreso. Para ellos sigue siendo un derecho negado.

Además, el derecho a adquirir, operar y administrar medios de comunicación propios está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, firmado por el gobierno mexicano. En el estado de Guerrero estas demandas sobre medios de comunicación fueron incluidas en una iniciativa conjunta de varias organizaciones, la Agenda estatal para el desarrollo y la autonomía de los pueblos indígenas de Guerrero.

El gobierno ignoró esta iniciativa y Guerrero sigue siendo uno de los estados con menor reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas. La radio La palabra del agua empieza a transmitir como parte de este ejercicio de la autonomía indígena, reflejando esto en sus contenidos e informaciones. Como explica David Valtierra, fundador de la radio:

“Platicamos de nuestra historia de marginación y de lucha y de nuestras aspiraciones de libertad; realizamos denuncias de violaciones a derechos humanos y colectivos; damos información de algunos hechos que suceden a nivel mundial o en nuestro país; provocamos reflexión en torno a los retos que tenemos como pueblo, como mexicanos y como seres humanos; proponemos e impulsamos alternativas en torno a las problemáticas que vivimos; nos solidarizamos con luchas hermanas”.

Desde sus inicios el proyecto abarcó la posibilidad que la gente de la región participara en la elaboración de los contenidos de los programas y que éstos respondieren así a los intereses de hombres y mujeres de todas las edades. La participación de las mujeres, por ejemplo, queda reflejado en el programa Mujeres de Xochistlahuaca. En este espacio se trataron por primera vez temas de salud reproductiva, derechos de las mujeres y problemas intrafamiliares.

Las mujeres se acercan a la radio para proponer los temas o, en algunos casos, son las locutoras las que convocan a diversos grupos de mujeres para hablar de lo que ellas quieren difundir. Darles la voz y tener la posibilidad de ser escuchadas en la radio ha sido para muchas de ellas la oportunidad de aprender nuevas formas de comunicación y, al mismo tiempo, la forma de generar su participación en otros espacios comunitarios.

La radio difunde en ñomndaa y en español costumbres y tradiciones de los nanncue ñomndaa desde el respeto y el reconocimiento a la diversidad cultural de la región. También se ha convertido en una plataforma para los músicos que ahora ya tienen la oportunidad de grabar sus discos. Además, es un instrumento de comunicación entre las diferentes comunidades, algunas muy aisladas geográficamente. Por todo esto la radio ha ido generando una amplia aceptación entre la población, más allá de las diferencias políticas.

Sin duda un indicador de este impacto fue la aparición de una nueva radio a principios de 2008, La voz indígena de Xochistlahuaca, impulsada por Aceadeth Rocha Ramírez, expresidenta municipal por el PRI. Esta nueva radio es una manera de combatir a Radio Ñomndaa. Opera sin permiso y, para David Valtierra, no es un medio que busque hacer reflexionar a la comunidad:

“Es la voz y los intereses de los de arriba: divulga los ‘logros’ y programas del gobierno, el comercio. Es la manipulación mediática, por su nombre y por ser utilizada para desinformar de lo que sucede en las comunidades. Representa la invasión de nuestra frecuencia, tiene más potencia e invade nuestra señal, y es el menosprecio a nuestras manifestaciones culturales.”

En México, esta estrategia mediática para contrarrestar a medios independientes, autónomos o comunitarios no es nueva. En 2006, ante la toma de las emisoras comerciales por parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, empezó a emitir una radio clandestina desde la que se buscó deslegitimar al movimiento social. Desde ella se señalaba a los que participaban o apoyaban las demandas sociales y políticas de la APPO y se incitaba a la violencia y al enfrentamiento, lo que agravó la polarización social.

La legitimidad de la radio La palabra del agua reposa en que es un proyecto comunitario y como se vio el 10 de julio de 2008: ese día, unas 40 personas entre policías (federales y estatales) y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) intentaron requisar el equipo de la radio y clausurarla. La respuesta de la comunidad fue prácticamente inmediata. Más de 200 personas se movilizaron para impedir las acciones de policías y funcionarios, logrando pacíficamente defender la radio y evitar que fuera desmantelada.

Los argumentos para este intento de clausura eran que la radio estaba emitiendo sin permiso pero parece claro que la cuestión de la legalidad es sólo un argumento para desarticular la organización comunitaria. La radio ya había sido víctima anteriormente de difamaciones, agresiones e intimidaciones, en las que también participó el Ejército mexicano. Además, el estado ha recurrido a los aparatos de justicia para criminalizar a autoridades agrarias y a integrantes de la radio, con detenciones y procesos judiciales que siguen abiertos.

Diversas organizaciones reaccionaron denunciando la intervención de la SCT y exigiendo que se respetase el derecho a la libertad de expresión y a la información. Posteriormente la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) propuso a la radio otorgarle un permiso. La asamblea de la comunidad fue la que discutió y decidió finalmente rechazarlo.

Las razones de fondo no sólo tenían que ver con las condiciones impuestas por la COFETEL como la emisión de anuncios electorales y de partidos políticos. Desde la radio lo plantean como una reivindicación de derechos: “El reconocimiento legal es necesario y es además una obligación del estado mexicano que tristemente se ha negado a hacer. Hasta la fecha lo que el gobierno nos ha ofrecido es la negociación de un permiso para transmitir, no el reconocimiento de nuestro derecho legítimo.

[No queremos] que los permisos sean la negociación de un derecho ni tampoco el sometimiento o cooptación a la libertad de palabra de los pueblos.” El proyecto se ha consolidado lentamente con el apoyo de diversos colectivos que ayudaron a instalar los equipos y a formar a la gente para que ellos mismos los operaran. Desde 2005 celebran su aniversario que se ha convertido en un espacio para el intercambio y la solidaridad con otras radios comunitarias y organizaciones, tanto indígenas o sociales como de derechos humanos.

Algunos de los retos actuales pasan porque la señal llegue a todas las comunidades de la región y por que cada comunidad cuente con un comité de apoyo y al menos un reportero comunitario. También por mejorar la página web y la transmisión por internet, demasiado inestable por “fallas” en la línea telefónica:

“Nos hemos dado cuenta que nos escuchan principalmente los migrantes de la región que se van a Acapulco, Chilpancingo, la Ciudad de México, Tijuana, entre otras ciudades de nuestro país, y de varias ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. También nos escuchan compañeros solidarios de varios estados de la república”.

»»Logros.-
. La comunidad ha reunido el equipo y personal para transmitir sobre Xochistlahuaca en la región este de la Costa Chica en español y ñomndaa.
. Mantienen una página web: http://lapalabradelagua.org/.
. Los contenidos se elaboran de manera conjunta con la comunidad, responden al contexto y a las necesidades locales y se vinculan a problemáticas nacionales e internacionales.
. La organización es autónoma, independiente de partidos políticos y autoridades. . . La radio trabaja con el permiso y el apoyo del pueblo.
. La mayoría de comunidades nanncue ñomndaa y algunas mestizas del municipio participan en los trabajos de la radio a través de comités de base.
. La radio se sostiene con el trabajo comunitario, cooperaciones de los oyentes, apoyo de organizaciones solidarias y las actividades del colectivo. Nunca ha habido ni han aceptado apoyos gubernamentales.
. La radio defiende el ejercicio de la autonomía de los pueblos desde “abajo y a la izquierda” y se ha ganado el respeto de las organizaciones sociales.
. Desde la radio se impulsa el fortalecimiento y la valoración de la cultura, identidad, instituciones y valores del pueblo nanncue ñomndaa.

»»Articulación para la defensa de las radios.- México está considerado como uno de los países más peligrosos para el desarrollo de la labor periodística.6 Periodistas y comunicadores son víctimas continuas de agresiones, amenazas y hostigamientos lo que ha motivado las denuncias de diferentes instancias de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto el sector de las radios comunitarias es uno de los más vulnerables.

Algunas iniciativas recientes están buscando el reconocimiento legal para las radios comunitarias indígenas. Desde el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, que agrupa a diversas radios indígenas del país, se ha trabajado una iniciativa con representantes del gobierno federal para facilitar la obtención de permisos. Sin embargo, en el último momento, el gobierno ha frenado el proceso y no parece dispuesto a asumir los acuerdos adquiridos.

Esta situación, entre muchas otras, contraviene los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH sostiene que es inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a las radios comunitarias y, además, que es necesario buscar los bienes y servicios que les aseguren condiciones básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo.

De todas maneras sería erróneo pensar que el reconocimiento legal por sí sólo asegura la integridad de las radios. La labor periodística y de comunicación que realizan estos proyectos incide en conflictos marcados por el abuso de poder, el autoritarismo y la represión hacia los movimientos sociales; por la defensa de los derechos humanos frente a las políticas públicas o la impunidad; o por el narcotráfico y la delincuencia organizada.

El riesgo que enfrentan las radios es muy alto en algunos casos y debe analizarse teniendo en cuenta que con su trabajo afectan, en mayor o menor medida, los intereses de actores con mucho poder y que no siempre están ligados al estado. Por lo tanto, es necesario desarrollar mecanismos de defensa para este tipo de organización social que no se reduzcan a la cuestión legal.

Estos mecanismos deben tener en cuenta, entre otras cosas, el fortalecimiento de la organización que da vida a la radio y su relación con la comunidad; elaborar estrategias claras de comunicación que analicen adecuadamente los contenidos y la línea editorial en frente a los conflictos en los que inciden; y, por supuesto, las alianzas con otras radios y organizaciones de la sociedad civil e instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.

En México existen actualmente diversas redes y organizaciones que buscan generar condiciones para el desarrollo y la defensa de estos proyectos radiofónicos. Entre ellas se encuentran: Red de comunicadores Boca de Polen, Red de Radios Comunitarias del Sureste, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Congreso Nacional de Comunicación Indígena, AMARC, Cencos, Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI) o Artícle XIX.

Las radios comunitarias han tenido un papel esencial en contrarrestar los discursos hegemónicos, marcados actualmente por las políticas e ideologías dominantes. Radio Ñomndaa se sitúa en este ámbito cuando busca contrarrestar los discursos del poder, tanto en Guerrero como en México, e incidir en la construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento democrático. Lo hace desde su realidad indígena y en permanente diálogo con otras culturas y procesos organizativos.

»»Demandas de Radio Ñomndaa:
. Respeto al proyecto actual de Radio Ñomndaa, a su integridad y a la de sus integrantes.
. Respetar los acuerdos nacionales e internacionales asumidos por el estado mexicano en materia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
. Reconocer en la Constitución y en las leyes secundarias respectivas la existencia de radios indígenas, radios libres, radios comunitarias, radios del pueblo.

»»Recursos de Internet:
. Asociación Mundial de Radios Comunitarias—México, Radios comunitarias y contexto de conflicto en México, 2009 [www.amarcmexico.org].
. Brigadas Internacionales de Paz-Proyecto México, Defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero, México, diciembre de 2007 [www.pbi-mexico.org].
. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (coord.), Agenda estatal para el desarrollo y la autonomía de los pueblos indígenas de Guerrero, México, mayo de 2005 [www.tlachinollan.org].
. Pronunciamiento: ¡Alto al hostigamiento contra la radio comunitaria Ñomndaa!, Organizaciones Civiles, 11 de julio de 2008 [www.cencos.org/es/node/19023].
. Cierre de la radio comunitaria Ñomndaa: La sociedad civil, indignada ante la política de hostigamiento del gobierno federal, 11 de julio de 2008, [www.cencos.org/es/node/19024].
. Campaña permanente de protección a periodistas en México Te hace daño no saber: www.libertad-expresion.org.mx.
. Congreso Nacional de Comunicación Indígena: http://mediosparalospueblos.blogspot.com/.
. Comisón Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión, Washington DC, 2002