por Franklin Falconí*
¿No comunican y no tienen derecho a comunicarse las centrales sindicales, los comerciantes minoristas, las amas de casa, los campesinos, los pueblos y nacionalidades indígenas, los maestros, los estudiantes…?
En primer gran error, y tal parece que deliberado, en la discusión del proyecto de ley de comunicación es confundir los conceptos comunicación con periodismo. El debate se ha centrado en lo que piensan los proponentes de los proyectos y los periodistas que, en su mayoría, han aparecido en representación de los intereses de sus respectivos medios.
Comunicación no solo es periodismo, no son términos sinónimos. Si bien el segundo está contenido en el primero, es claro que al hablar de comunicación nos referimos a un principio más general, que en la Constitución ha sido reconocido acertadamente como un derecho humano. Las empresas mediáticas, y la actividad periodística de sus trabajadores, no son de ninguna manera la materialización completa y única de ese derecho. Lo que ha ocurrido en los diversos foros que se han desarrollado alrededor del tema y en los que han participado periodistas como Carlos Jijón, subdirector de noticias de Teleamazonas, Juan Carlos Calderón, de diario Expreso, Arturo Torres de diario El Comercio, Emilio Palacio de diario El Universo, etc., es que asumen a la vigencia de sus medios y de sus prácticas como la única garantía del respeto a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, y, sobre todo, como la concreción del derecho a la comunicación de los ecuatorianos. Cosa absurda si se miran los hechos, si se analizan las relaciones de propiedad de esos medios con el poder.
