21 de abril de 2010.- Tras la decisión de la Justicia Argentina de suspender la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) hace un llamado al Estado argentino a fin de que las subsecuentes decisiones judiciales se tomen conforme a los estándares más altos en materia de derechos humanos. Esto significa en los hechos que esta ley pueda ser aplicada.Tal y como lo estableció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe, la citada ley “representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. En efecto, bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas”.
Igualmente, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión estableció en su momento su beneplácito y aval a la Ley en comento dado el avance que representa en materia de libertad de expresión.
AMARC hace un llamado para que cualquiera que sea el curso que tome el proceso judicial de impugnación a la Ley, se tomen en cuenta los estándares más alto en materia de libertad de expresión que Argentina se ha comprometido a cumplir, en congruencia con las demandas de diversos sectores de la sociedad argentina como lo demuestran las distintas manifestaciones masivas llevadas a cabo en días recientes. Esta ley representa la posibilidad de democratizar el sistema de medios a partir, entre otras medidas, del reconocimiento de los tres sectores de medios: públicos, privados y sin fines de lucro, entre estos últimos, las radios comunitarias, así como medidas para evitar la concentración de medios y prácticas monopólicas.
