miércoles, 27 de abril de 2016


Guías

En el mundo de los pueblos indígenas los procesos relacionados con formar, educar, enseñar, aprender, conocer, responden a planteamientos de muy distinta índole a los conocidos dentro de los esquemas educativos del mundo occidental. Por ello se ha considerado importante desarrollar algunas guías de apoyo a la formación de comunicadores indígenas que reflexionan, proponen, construyen contenidos para la formación desde la mirada de los Pueblos, desde sus modos de conocer, aprender y formarse. Con gusto se socializan para apoyar el trabajo que hacen las y los formadores en este campo de la comunicación.

¿Cómo andamos en contenidos para la radio?Guía rápida para la evaluación de contenidos de nuestras radios (2016)


Esta guía se compone de preguntas útiles para reflexionar la forma en que como medios comunitarios e indígenas estamos construyendo nuestros contenidos de comunicación.

También son útiles para pensar cómo poder generar en adelante contenidos que reflejen la vida de la comunidad y respondan a sus necesidades de comunicación.

Haciendo Milpa. Estrategias de apoyo a la formación de comunicadores indígenas (2015)


En este libro compartimos las experiencias que como formador@s hemos vivido, así como nuestras visiones y propuestas sobre el papel que tienen la cosmovisión, el aprendizaje técnico y las distintas metodologías en la formación de comunicadores comunitarios e indígenas. 

En la columna deerecha encontrarán material audiovisual derivado de las presentaciones del libro en Oaxaca, México D.F. y Puebla, un espacio para homaneajear a nuestro compañero formador Carlos Plascencia.

Fuente: Radio Formadores

lunes, 25 de abril de 2016

Acusan a FGE de no regresar inmueble de radio comunitaria de Zacatepec



Por Edgar Guzmán Uribe

En México y Puebla se criminalizan los procesos de comunicación comunitaria, denunció Irina Vázquez Zurita, coordinadora ejecutiva de la Amarc, quien agregó que continúa el hostigamiento en contra de los promotores de la radio de Zacatepec.


En rueda de prensa, afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), acompañada de los integrantes de esa radio, acusó que hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha devuelto el inmueble que confiscó desde hace un año a pesar de que no encontraron droga ni armas.

Dijo que Puebla es uno de los estados que más ha buscado regular este tipo de medios de comunicación con seis radios comunitarias en diferentes demarcaciones del estado.

“Nosotros somos comunicadores populares, no narcomenudistas; sin embargo a media noche policías municipales de Juan C. Bonilla, y estatales, irrumpieron el local de la radio rompiendo vidrios, ventanas y amenazando a los vecinos con armas largas”.

Le exigieron a la CEDH que exhorte a la FGE para devolver dicho inmueble y haga una recomendación a dicho dependencia por “el agravio a la comunidad, a la radio y a la familia propietaria del predio, así como se ordene la devolución inmediata del local, pues no se encontró en el ningún objeto del delito y se ha demostrado la propiedad del mismo, por lo que no hay razón para mantenerlo asegurado”.


Aumenta hostigamiento contra medios comunitarios

Vázquez Zurita dijo que los proyectos que nacen de la “organización social” son legítimos, sin embargo, al ir en contra de los intereses comerciales y políticos, “son reprimidos”.

Agregó que la persecución contra estos medios de comunicación ha aumentado, principalmente para aquellos que no son afines a las autoridades o los gobiernos.

La coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (Amarc), dijo que el acceso a la libertad de expresión es un derecho humano y la Constitución Mexicana que se debe impulsar la comunicación comunitaria.

Por su parte, Erick Coyotl Lozano, integrante de la radio comunitaria Zacatepec, mencionó que decidieron acudir a la CEDH, porque la Fiscalía investiga a los que trabajaban en dicha radio.

Arguyó que el cierre de la radio fue por la información que transmitía, pues “resultaba incomoda” a las autoridades municipales de Juan C. Bonilla, además de las constantes denuncias que se hicieron en su momento sobre el Proyecto Integral Morelos, conocido como Gasoducto Morelos.

Finalmente, puntualizó que la radio ha realizado trabajo en defensa de su territorio, pero también en el cuidado y convivencia de su comunidad, por lo que reiteró no hay motivo de que el organismo a cargo de Víctor Carranca Bourget les haya incautado el inmueble.

Fuente: Ángulo 7

TUWUN – MUESTRA DE CINE INDÍGENA DE WALLMAPU ABRE CONVOCATORIA

La Muestra de Cine Indígena TUWUN, se realizará en la ciudad de Villarrica entre el 21 y el 24 de junio de 2016. Luego, de julio a noviembre, una itinerancia recorrerá diversos lugares del Wallmapu (territorio Mapuche).


ADKIMVN – Cine y Comunicación Mapuche, convoca a realizadores/as de obras audiovisuales de la escena internacional de temática indígena, con películas enmarcadas en el desarrollo de un cine con identidad, que aborden situaciones de diversos pueblos indígenas del mundo, especialmente de América Latina y con énfasis en el Pueblo Mapuche, a participar de TUWUN – Muestra de Cine Indígena de Wallmapu.

Según los coordinadores de la muestra, “existe la necesidad de generar espacios tendientes a hacer visible la realidad indígena, siendo el cine un importante instrumento de difusión y comunicación para dar a conocer la cultura y la realidad desde las propias voces representativas de los pueblos indígenas. En este sentido, la muestra TUWUN será una importante plataforma de difusión y gestión del cine indígena internacional y por tanto, un espacio de promoción de obras cinematográficas de esta categoría, que beneficiará tanto a realizadores/as y gestores del cine, como al público en general”.

La muestra consta de un evento central que se realizará desde el 21 al 24 de junio en dependencias delCentro Cultural LIQUÉN de la ciudad de Villarrica, donde se exhibirán películas cortometrajes, mediometrajes y largometrajes de ficción, documental y animación. Una vez concluida esta muestra central, entre los meses de julio a noviembre, se realizará una itinerancia con una selección de películas que recorrerá el Wallmapu (territorio Mapuche), presentándose en centros culturales, comunidades y diversos espacios de las regiones de La Araucanía, Bio Bio y Los Ríos.

TUWUN – Muestra de Cine Indígena de Wallmapu, es coordinada y producida por ADKIMVN – Cine y Comunicación Mapuche, con el patrocinio del Centro Cultural LIQUÉN y financiada por el Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

La convocatoria es abierta y está disponible junto a las bases y formulario de inscripción en el medio de cine y comunicación Mapuche adkimvn.org y a través de la plataforma festhome.com.

BASES Y FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN: adkimvn.org/tuwun

MÁS INFORMACIÓN EN: adkimvn.org, facebook y twitter.

Fuente: ADKIMVN

miércoles, 20 de abril de 2016

Aprueban en comisión que radiodifusoras usen una lengua indígena

Actualmente el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión privilegia la difusión de la lengua castellana por encima de las lenguas indígenas


La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que preside el senador Zoé Robledo Aburto, aprobó un dictamen para modificar el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de que las transmisiones de estaciones radiodifusoras, hagan uso de un idioma o lengua nacional, no necesariamente el castellano.

Lo anterior, debido a que actualmente el artículo 230 de dicha ley estipula que las transmisiones de los concesionarios de radio debían hacer uso del “idioma nacional”, lo que privilegia la difusión de la lengua castellana por encima de las lenguas indígenas en los medios masivos de comunicación.

De tal modo, que con esta reforma se busca que se respete la importancia de las lenguas indígenas en el país, como elemento de cohesión social y riqueza educativa, para que las concesiones de uso social indígena puedan hacer uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.

El dictamen refiere que diversas organizaciones acompañadas por el poeta Mardonio Carballo, impusieron un amparo con relación a este tema, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo y resolvió a su favor y que posteriormente fue la Cámara de Diputados quien hizo lo propio, quien lo envió al Senado de la República para su dictaminación.

A través de esta reforma se observa una sentencia de la SCJN, que se empata con lo que establece la Ley de Derechos Lingüísticos, para que el Estado adopte e instrumente las medidas necesarias que permitan asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana.

El presidente de la Comisión, Zoé Robledo Aburto, en conferencia de prensa indicó que esta reforma es un reconocimiento autocrítico de que el legislador se puede confundir y equivocar, “hoy se toma una decisión atendiendo la sentencia de la Corte y atendiendo la voz de ciudadanos hablantes de idiomas originales de nuestro país, quienes hicieron notar este error, que hoy se ha corregido”.

Aseguró que los tiempos son perfectos para que se le dé primera lectura al dictamen el día jueves y el día martes suba al pleno.

En tanto, el poeta Mardonio Carballo, en conferencia posterior expresó que es positivo el hecho de que el Poder Legislativo realizará una enmienda a un error que cometió al aprobar el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “porque se tiene que legislar para todos, incluidos lenguas y pueblos indígenas”.

Fuente: Al Momento Noticias

viernes, 15 de abril de 2016

La radio indígena fue invadida por informes de Gobierno y anuncios oficiales, acusa asociación mundial

Por Daniela Barragán

El Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas se encargó de difundir a más de 5.6 millones de personas mensajes presidenciales, de la Secretaría de Gobernación y electorales durante todo 2015 en 36 lenguas nativas. “No se necesita una radio indígena para eso”, señaló el representante de la AMARC México.


A juicio de la AMARC, en México se está desvirtuando el uso de la radio indígena. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- El presupuesto que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) designó al Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) funcionó para difundir en las 36 lenguas indígenas, durante todo 2015, mensajes presidenciales, del Secretario de Gobernación, asuntos electorales y diversas acciones de la gubernatura federal a favor de estos pueblos.

De acuerdo con una solicitud de información –0062500002416– realizada porSinEmbargo, de enero a diciembre de 2015, la CDI reportó una lista de acciones enmarcadas en el objetivo de “fortalecer la identidad y los idiomas de los pueblos indígenas”. En el documento de respuesta se señala que se dio difusión de mensajes presidenciales sobre la Conmemoración de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y también “los mensajes del Secretario de Gobernación sobre equidad de género”.

Además, se trabajó en la cobertura para los 365 días de 2015 y en las 36 lenguas indígenas que abarca el SRCI, de cápsulas informativas sobre la Cruzada Nacional Contra el Hambre, salud, proyectos productivos, equidad de género, derechos y acceso a la justicia, medidas de contingencia por fenómenos naturales, desarrollo económico, “asuntos electorales”, “así como otras acciones del Gobierno de la república en beneficio de la población indígena a través de las 21 radiodifusoras ubicadas en 16 entidades federativas”.

El SRCI tiene 35 años funcionando y sus 21 radiodifusoras dan cobertura a 5.6 millones de indígenas de mil 87 municipios.

VIOLACIONES AL OBJETIVO DE LA RADIO INDÍGENA


Actualmente la radio indígena tiene una cobertura de 5.6 millones de personas, de más de mil municipios. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con Héctor Camero, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) México, estas acciones atentan contra los principales estatutos de una radio indígena, que según los decretos oficiales, éstas surgieron con el objetivo de difundir información para y sobre los pueblos indígenas y de éstas con la sociedad en general, para contribuir a difundir y promover el reconocimiento a sus derechos, su libre desarrollo y su justa valoración en el conjunto de la sociedad.

El Sistema inició transmisiones el 10 de marzo de 1979, con el entonces Instituto Nacional Indigenista (INI), creado por Lázaro Cárdenas, en cumplimento al derecho de los pueblos indígenas a ser informados en su propio idioma; de ser facilitadoras de procesos educativos; y del uso de las lenguas y de su fortalecimiento.

Para Camero, la CDI debe priorizar en los pueblos y no en los gobernantes y funcionarios, sin embargo, el modelo de radios comunitarias señala que todos los recursos provienen de la CDI, aunque en un inicio se hizo con el fin de darles independencia de intereses comerciales y políticos.

“Si la CDI se mantiene tan apegada a los mensajes oficiales, si es tan oficialista e incapaz de desarrollar políticas independientes o cuanto menos cumplir con la función de atender el desarrollo autónomo de los pueblos, está condenada a ser solamente un vocero oficial y ese es un papel muy pobre. Es un favor muy pequeño el que le hacen a las comunidades indígenas”, comentó el representante de la AMARC en entrevista.

Junto con esta información y la evidencia que se tiene de que diversas radios indígenas y comunitarias que están cerrando, el también coordinador de la radio Tierra y Libertad, detecta una conducta contraria al espíritu de desarrollo de este medio de comunicación.

“La definición que se colocó en los lineamientos, tanto para las radios comunitarias como para las indígenas, habla de que son radios en las que las personas que las promueven están interesadas en desarrollar, promover, preservar la lengua, la cultura, las tradiciones de los pueblos y en darle su lugar a la mujer para lograr los objetivos que la radio se propone […] La CDI tiene un papel de tutoría que está completamente rebasado por las necesidades de los pueblos indígenas, ya que es una cuestión que queda a las radios, tienen mucho qué hacer y el Estado debe evitar tener este tipo de tutelaje”, enfatizó.

Para el año en cuestión, el SRCI contó en el año anterior con un presupuesto de 17 millones 488 mil 389 pesos, cifra que muestra una recuperación en comparación con lo que obtuvo en 2012, cuando se le asignaron 12 millones 223 mil 680 pesos.

Sin embargo, la información oficial muestra que las radios indígenas no entran en el proyecto presupuestal de la CDI, ya que durante la administración de Nuvia Mayorga Delgado, en la estructura programática no se prevén gastos para este ramo. Para los tres primeros años se planeó la adquisición de equipo para la conservación de colecciones, equipamiento, rehabilitaciones de inmuebles, programas de adquisiciones y construcciones de centros de atención. En 2016 hay dinero destinado para la construcción de oficinas o rehabilitación de unidades foráneas de la dependencia.

Incluso, en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), sólo figura un contrato de la actual administración. Es de 2013, por 143 mil 356 pesos para la contratación de servicios integrales (hospedaje, alimentación y salón) para el desarrollo del Tercer Seminario de Actualización “Sensibilización social” para jefes de las emisoras del SRCI y del personal de las oficinas centrales.

“Cuando se habla de la necesidad de comunicación de los pueblos indígenas, se debe pensar en los pueblos, no en los gobernantes, no en los funcionarios. Desarrollar un medio de comunicación indígena o comunitario, quiere decir “acudir” a la base popular, a los pueblos indígenas, a la comunidades para que los que nunca han podido expresarse tengan el poder de hacerlo, no se trata de que escuchen la palabra del Tlatoani, del dirigente, del funcionario, del Presidente o del Secretario de Gobernación”, finalizó Camargo.

Fuente: Sinembargo 


miércoles, 13 de abril de 2016

Radios comunitarias e indígenas, estigmatizadas y criminalizadas por IFT


  • Campaña con información falsa considera “delincuentes” a comunicadores comunitarios e indígenas
  • Organizaciones de comunicación exigen campaña de desprestigio y cumplimiento de la Ley

Por Remedios Pasten Rosales

Sin medios de comunicación libres y plurales no hay democracia, afirmó la maestra Adriana Solórzano Fuentes, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), al pronunciarse en contra la campaña “Se busca por robo”, promovida en diversos medios de comunicación por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Expresó que con ella se “criminaliza a los medios comunitarios e indígenas”, se estigmatiza y convierte a sus comunicadores en “delincuentes”, bajo la idea de que se roba el espectro radioeléctrico. Información totalmente falsa, debido a que tal delito no se encuentra considerado en la ley de la materia.




En conferencia de prensa ofrecida el pasado 6 de abril, en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos), distintas organizaciones de comunicación, de la academia y comunicadores independientes, hicieron llegar un extrañamiento al IFT por la divulgación de la campaña “Se busca por robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión se están robando el espacio que es de todos. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos”. 

Los convocantes reprobaron la campaña de discriminación impulsada por el IFT, apoyada en información falsa que utiliza un lenguaje que “violenta los derechos humanos… colectivos…la libertad de expresión”; criticaron que el IFT considere a las radios sin permiso como vinculadas a la delincuencia organizada, sin considerar que muchas de ellas, se encuentran en proceso de regularización o cuentan con un trabajo de años en su comunidad. Por ello exigieron del IFT el retiro inmediato de dicha campaña.

Asimismo, demandaron la reparación del daño a través de una campaña que afirme y reconozca el trabajo de los medios indígenas y comunitarios donde se promueva su regularización; información clara y precisa en la página del IFT sobre los trámites de concesión y la aclaración de que no existe delito de robo por operar sin concesión como se desprende del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y que se asegure el cumplimiento de la ley sobre la reserva del espectro para medios indígenas y comunitarios. 

Adriana Solórzano Fuentes, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que con la “desafortunada” campaña, el IFT lejos de fomentar y apoyar la creación y regularización de los medios comunitarios e indígenas, “se dedica a inhibir y amenazar y además estigmatizar”. Y resaltó que dicha cruzada, contraviene los estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente emitidos por la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya regulación debe tener como fin “asegurar igualdad de condiciones en el acceso a las frecuencias y mayor diversidad de los medios de comunicación audiovisual”. 

La profesora Solórzano Fuentes destacó que la radiodifusión “es un servicio público de interés general” reconocido en el artículo 6 de la Constitución, y que “corresponde al Estado garantizar que éste servicio sea prestado en condiciones de competencia, calidad y preservando la pluralidad”. Algo complejo en México con “un sistema de comunicación ideado, monopolizado y globalizado en otras lógicas”, donde por décadas diversos grupos han padecido la persecución y criminalización por hacer uso de un bien nacional como el espectro radioeléctrico en beneficio de la comunicación comunitaria e indígena, cortando con ello, su derecho a comunicar.

La catedrática señaló que el reconocimiento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), a los medios comunitarios a través de las concesiones de uso social, se ve opacado y pierde sentido con la campaña de desprestigio y criminalización que ha lanzado el órgano regulador en la materia. Asimismo, Solórzano Fuentes remarcó el derecho que tienen las audiencias a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social cultural y lingüístico de la nación, reconocido en el artículo 256 de la LFTR, el cual queda afectado con la campaña desplegada por el IFT.

Andriana Solórzano aclaró que las audiencias no son consumidores que se caractericen por su poder adquisitivo, aseveró que son “ciudadanía con derechos” a saber, a conocer diferentes perspectivas, pluralidad ideológica, política y lingüística, “derechos que no pueden concretarse mientras la radio comercial controlada por unas cuantas familias, sea prácticamente nuestra única opción”. Por ello, exhortó al IFT para que a la brevedad, cumpla con su tarea de publicar los lineamientos generales de derechos de las audiencias que a casi dos años de publicada la LFRT se han omitido. 

Sobre el asunto, las organizaciones señalaron la urgencia de impulsar las obligaciones de pluralidad de contenidos en los concesionarios existentes; así como la obligación de las dependencias federales de asignar el 1% de su presupuesto destinado a publicidad a medios indígenas y comunitarios, para la sostenibilidad de estos medios, misma que hasta el momento, ninguna dependencia ha instrumentado; por lo que exigieron, que el área de Comunicación Social del IFT, ponga el ejemplo. 

Las organizaciones participantes como Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., Congreso Nacional de Comunicación Indígena, AMARC México, Ojo de Agua Comunicación, Red de Comunicadores Boca de Polen, entre otros, consideraron que el espectro radioeléctrico es un bien común y que los pueblos solo administran lo que está en su territorio, por lo que también es un robo no comunicar a una población tan diversa.

Finalmente, las organizaciones señalaron que ante el clima de violencia, inseguridad y violación a los derechos humanos que vive México, la campaña “Se busca por robo” desfavorece la regularización de los medios y genera la radicalización de posturas que provocan conflicto en las comunidades y organizaciones, un alejamiento del diálogo y negociación que se ha venido construyendo. Asimismo Adriana Solórzano hizo un llamado a la autoridad reguladora a mantener el diálogo con la ciudadanía, no a perseguir ni estigmatizar, sí a fortalecer la radio de uso social, a trabajar por un México incluyente.

Fuente: Agenda Universitarias de Noticias 

viernes, 8 de abril de 2016

Critican concentración mediática y destacan rol de reguladores





Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), enfatizó el rol de los reguladores independientes y calificó a la concentración de medios como un problema estructural.


“la Relatoría Especial continuó enfatizando la necesidad de que la autoridad competente en materia de radiodifusión en los Estados miembros sea un órgano técnico independiente del Gobierno, que goce de autonomía frente a presiones políticas coyunturales, y que se encuentre sometido a todas las garantías del debido proceso y a un riguroso control judicial” indica el informe.

La presentación se efectuó el martes 5 de abril de 2016 en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de Georgetown University, Washington DC, Estados Unidos, y contó con la presencia de James Cavallaro, Presidente interino de la CIDH, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión.

También participaron Gustavo Gómez, Director General de OBSERVACOM, César Ricaurte, Director de FUNDAMEDIOS Ecuador y Marianela Balbi, Directora Ejecutiva de IPYS Venezuela.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión

“La situación de libertad de expresión es heterogénea en la región”, señaló el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien además indicó que existe “un rezago para el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria”.

Gustavo Gómez de OBSERVACOM explicó que el informe de la Relatoría ofrece un seguimiento desde los temas tradicionales que afectan a la libertad de expresión como el ataque a medios y periodistas, pasando por el pluralismo y la concentración mediática.

Digitalización como oportunidad

“Los desafíos ahora pasan por los entornos digitales”, indicó Gómez. En este sentido, el Informe de la Relatoría Especial resalta las oportunidades que trae la digitalización para la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo al subrayar que “la digitalización de las señales de televisión constituye una oportunidad para garantizar la libertad de expresión, el acceso universal a informaciones e ideas de toda índole, la diversidad de medios y el pluralismo de informaciones y opiniones”.

Las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión, plasmadas en el Informe 2015, destacan la importancia de la transparencia en la asignación de recursos, la promoción de medidas para garantizar el pluralismo y el reconocimiento equitativo del sector comunitario.

En el Informe, la Relatoría recomienda a los Estados miembro “Asegurar la existencia de criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital”.

Asimismo sugiere “adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar el pluralismo, incluyendo leyes que prevengan la existencia de monopolios públicos o privados y la concentración indebida o excesiva de los medios de comunicación”.

Finalmente, propone “legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios”.

Fuente: Servindi 



miércoles, 6 de abril de 2016

Conferencia de prensa: Exigimos se retire la campaña del IFT "Se busca por Robo"


Les recordamos que mañana miércoles daremos una conferencia de prensa en colaboración con compañeros de AMARC, AMEDI, AMDA, CNCI y Boca de Polen.

La cita es a las 11 hrs. en Cencos. Pueden seguirla por en vivo en los siguientes links: 



También será retransmitida por Frecuencia Libre 99.1, Radio Huayacocotla y Laklumal Palenque.

Esperamos puedan ayudarnos a difundir en sus medios y redes sociales con el hashtag #ComunicarNoEsUnDelito

En esta liga podrán descargar el comunicado que reúne las adhesiones y firmas que nos hicieron llegar: http://bit.ly/1PSBcQD


martes, 5 de abril de 2016

¿Qué robo?: rechazan campaña criminalizadora del Instituto de Telecomunicaciones



El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lanzó una campaña que, denuncian, “tiene información falsa que alienta violaciones a los derechos humanos como las que han sido practicadas por autoridades locales que han allanado medios de comunicación que les son incómodos. Esto atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión e información de la ciudadanía, especialmente de los sectores que impulsan la comunicación comunitaria e indígena”

La campaña lanzada por el IFT se titula “SE BUSCA POR ROBO, Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos” y fue lanzada a los medios el último 23 de marzo. “Ha tendido a criminalizar y perseguir a medios que no cuentan con concesión, aunada a una inexistente promoción de los derechos de las audiencias en este rubro”, reza el comunicado firmado por 12 organizaciones vinculados a la promoción y difusión de la libertad de expresión, 13 radios comunitarias de distintos puntos de México, así como por personas independientes y académicos.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México, explicaron a Desinformémonos que el problema está en que esa no era la información que el IFT debía haber invertido en difundir.

El año pasado el IFT hizo una consulta indígena para terminar de cosntruír los lineamientos que permiten a los colectivos de radios acceder a una frecuencia. “La gran preocupación de las comunidades era qué iba a pasar con las radios que ya estaban operando. Plantearon que, por los propios procesos de organización colectiva de las comunidades, necesitaban de un plazo de buena voluntad para que el Instituto difundiera ampliamente la información de cómo acceder a las frecuencias y así las radios podían organizarse e ingresar en la regulación. El IFT fue tajante en no darles ese período de gracia”, explicó Irina Vázquez Zurita, coordinadora ejecutiva de AMARC México.

El problema fue que no hizo la difusión que los colectivos le pidieron, pero sí continuó con los cierres de las comunitarias que estaban al aire. En Marzo, se conoció el cierre de 4 radios comunitarias de Oaxaca, que sufrieron el acoso del Instituto.

“La campaña mediática que lanzaron no respeta lo establecido en las reformas de la ley de telecomunicaciones hechas en 2014. En ninguna parte de la ley se habla del delito de robo, cuando se ocupa una señal radioeléctrica, sino de sanciones administrativas. ¿Cuál es el robo al que se refiere el IFT?” sostuvieron desde AMARC.

La molestia es mayor porque lo que los colectivos de las comunitarias necesitaban, y exigieron, fue otra campaña desde la institucionalidad, que que explicara a las comunidades que es lo que tienen que hacer para ingresar en la regulación vigente. La evidencia fue que las solicitudes de onda no fueron lo numerosas que pensaron que iban a ser, y desde AMARC entienden que eso fue producto de la falta de información clara al respecto.

“Desde la reforma constitucional del año 2013, se reconoce al sector comunitario como uno más dentro del sistema de medios mexicano. Pero lo que no han hecho es articular una campaña que baje esta información a las comunidades, sobre todo, en qué consisten los lineamientos para que puedan acceder a las frecuencias de manera legal. Esta información no se difundió con la potencia que sí tuvo la nueva campaña de criminalización que estamos impugnando.”
Apenas el 19 de febrero de este año, la Asociación Civil Autogestión Comunicativa, que forma parte de AMARC, fue la primera radio en recibir la concesión para operar una radio de uso social comunitario en la historia del país. Otro colectivos, como las radios de Tlaxcala, han denunciado las demoras en los trámites de acceso a las frecuencias, que los perjudica directamente, ya que uno de los lineamientos establecidos por el IFT, dice que para acceder a la onda, las radios deben estar fuera del aire.
Desde AMARC reconocen esta demora, ya que trabajan con radios que han ingresado sus solicitudes hace 3 o 4 años atrás y aún no han tenido respuesta.

“Además, hay un temor en las comunidades ante todo lo que tenga que ver con la regulación, se piensa en el costo económico de la misma y a veces no acceden a asesoramiento jurídico pertinente. A todo eso, se le suma que el IFT tiene por ley casi 4 meses para dar respuesta a una solicitud de onda comunitaria. Muchas veces las radios no saben que si se proponen para una onda, tienen que salir del aire. Para la mayor parte de las comunidades que han creado radios comunitarios estos plazos son demasiado extensos, ya que las radios son herramientas básicas en las luchas que tienen en el territorio, así como en la resistencia a megaproyectos, por ejempĺo. No pueden prescindir de las radios y esa es la complicación.”

Las organizaciones solicitan que el IFT retire de manera inmediata la campaña criminalizadora, ya que es su obligación facilitar otro tipo de información, una que contribuya a que los medios funcionen de acuerdo a la normativa vigente, multiplicando la cantidad de concesionarios existentes. Es su obligación, señalan en el comunicado “fomentar el desarrollo de los medios comunitarios e indígenas reservándoles el 1% de su presupuesto para servicios de comunicación social y publicidad, lo que hasta ahora no ha sucedido”

Las organizaciones convocan a una conferencia de prensa el próximo miércoles 6 de abril, a las 11 de la mañana en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en donde se explayarán sobre estos argumentos y presentarán formalmente la queja que elevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Desinformemonos

lunes, 4 de abril de 2016

Demandan organizaciones sociales que el IFT suspenda campaña contra radios no concesionadas y promueva regularización de transmisiones

Un rotundo rechazo su rechazo a la campaña “criminalizadora”, con frases como “Se busca por robo”, emprendida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en diversos medios de comunicación contra estaciones de radio no concesionadas como las comunitarias, manifestaron diversas organizaciones de comunicación e indígenas.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)- México detalló en un comunicado que en días recientes, junto a las noticias de cierres de radios no concesionadas, de la aprehensión de personas en esos operativos y de la incautación de sus equipos de transmisión, se publicaron spots en las radios comerciales y un “amarillista” desplegado a media plana y a todo color en periódicos de importancia de todo el país suscrito por el IFT, criminalizando las transmisiones de dichas estaciones.
La organización llamó al IFT a suspender dicha campaña, a liberar de cargos a las personas detenidas, a devolver equipos y materiales incautados y a establecer un diálogo abierto y franco con los medios no concesionados sobre las ventajas de su regularización.
Apuntó que “Es muy lamentable que el IFT, un órgano autónomo en teoría creado para la administración del espectro en forma independiente a los grupos de interés, presida esta campaña con las frases que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión(CIRT) ha utilizado para denostar, desacreditar y también criminalizar a otras manifestaciones de expresión”.
La AMARC, conjuntamente con Redes para la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad; la Agencia Internacional de Prensa Indígenas; la Comisión de Seguimiento del Congreso  Nacional de Comunicación Indígena y  Ojo de Agua Comunicación,  envió además una carta al Coordinador General de Comunicación Social del IFT en la cual le advierten que la campaña: “SE BUSCA POR ROBO: Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos” contiene “información falsa que contribuye a la violación de derechos humanos fundamentales, además de que incurre en infracciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” y otras disposiciones similares, así como el propio estatuto Orgánico del IFT.
Subrayan que “información falsa como la que aparece en la publicación referida, alienta violaciones a Derechos Humanos como las que han sido practicadas por autoridades locales que, alegando delitos del orden común, se han arrogado funciones de la autoridad federal para allanar medios de comunicación que les son incómodos, atentando contra el ejercicio de la libertad de expresión e información”.
La AMARC en su comunicado señala que “esta agresiva campaña del IFT, desacata las recomendaciones hechas por expertos en Derecho Internacional sobre Derechos Humanos y Libertad de Expresión, así como las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el documento “Estándares de Libertad de Expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, aprobado en 2009, recomendó a los Estados partes que “La regulación sobre radiodifusión sólo puede contemplar aquellas restricciones que sean necesarias, idóneas y proporcionales para lograr la finalidad que se persigue” y que “la protección de ciertos derechos vulnerados por el ejercicio de la libertad de expresión por medio de sanciones penales resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática”.
Además, subraya, el secuestro de equipos utilizados es violatorio del Artículo 7 constitucional que advierte: “En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento de delito”.
Menciona que la CIDH reconoce la potestad que tienen los Estados para regular la actividad de radiodifusión de manera que se cree un marco en el cual sea posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o personas, de forma tal que se asegure al mismo tiempo que esta facultad no será usada como forma de censura y que se garanticen la diversidad y la pluralidad.
La AMARC cuestiona “¿Qué ha hecho el IFT para demostrar que con la nueva LFTR existe igualdad de condiciones para el acceso a las frecuencias y mayor diversidad de medios, qué políticas públicas de inclusión social ha adoptado para apoyar a los medios indígenas y comunitarios, qué recursos de diálogo ha adoptado para garantizar seguridad en el ejercicio de la libre expresión antes de pasar a emplear políticas persecutorias? Sin vocación democrática, las respuestas a estas preguntas se suplantan con la represión”.
Advierte que las acciones de criminalización de la libertad de expresión en las condiciones actuales “sólo abonan a aumentar la crispación social, en un país donde la distancia entre la pobreza y la riqueza extremas se torna cada año más abismal y ofensiva”.
En la carta enviada al responsable de Comunicación del IFT el 28 de marzo -de la que hasta hoy no se había recibido respuesta- las organizaciones le hacen notar que si bien el uso de espectro radioeléctrico de uso determinado sin concesión, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, constituye una infracción prevista en el artículo 298, “no existe tipo penal alguno aplicable a dicha conducta y mucho menos equiparable al robo”. Mencionan igualmente que la incautación de equipos  contraviene el segundo párrafo del artículo 7º Constitucional pues en ningún caso pueden secuestrarse bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento de delito.
Añaden que aunque los artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales han sido utilizados para tratar de inculpar a comunicadores comunitarios alegando que el uso de espectro sin concesión cae en el supuesto tipificado por dichos artículos, “tal argumento resulta cuestionable, pues podría afirmarse que cualquier persona que usa una red Wi Fi, caería en este supuesto, o que habría que enviar a la cárcel a comunidades enteras que han decidido instalar una emisora de radiodifusión.
Asimismo que si se busca que los medios que no cuentan con concesión funcionen de acuerdo al marco normativo vigente, añaden, esto podrá alcanzarse facilitando información que contribuya a ello e impulsando las obligaciones de pluralidad de concesionarios existentes.
Por otra parte le recuerdan la obligación que tiene el IFT de fomentar el desarrollo de los medios comunitarios e indígenas, y en específico para el área de comunicación social, la de reservar el 1% de su presupuesto este tipo de medios, “lo que hasta ahora no ha sucedido”.
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radios comunitarias31mar16.docx
Fuente: Desinformémonos
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