El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lanzó una campaña que, denuncian, “tiene información falsa que alienta violaciones a los derechos humanos como las que han sido practicadas por autoridades locales que han allanado medios de comunicación que les son incómodos. Esto atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión e información de la ciudadanía, especialmente de los sectores que impulsan la comunicación comunitaria e indígena”
La campaña lanzada por el IFT se titula “SE BUSCA POR ROBO, Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos” y fue lanzada a los medios el último 23 de marzo. “Ha tendido a criminalizar y perseguir a medios que no cuentan con concesión, aunada a una inexistente promoción de los derechos de las audiencias en este rubro”, reza el comunicado firmado por 12 organizaciones vinculados a la promoción y difusión de la libertad de expresión, 13 radios comunitarias de distintos puntos de México, así como por personas independientes y académicos.
Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México, explicaron a Desinformémonos que el problema está en que esa no era la información que el IFT debía haber invertido en difundir.
El año pasado el IFT hizo una consulta indígena para terminar de cosntruír los lineamientos que permiten a los colectivos de radios acceder a una frecuencia. “La gran preocupación de las comunidades era qué iba a pasar con las radios que ya estaban operando. Plantearon que, por los propios procesos de organización colectiva de las comunidades, necesitaban de un plazo de buena voluntad para que el Instituto difundiera ampliamente la información de cómo acceder a las frecuencias y así las radios podían organizarse e ingresar en la regulación. El IFT fue tajante en no darles ese período de gracia”, explicó Irina Vázquez Zurita, coordinadora ejecutiva de AMARC México.
El problema fue que no hizo la difusión que los colectivos le pidieron, pero sí continuó con los cierres de las comunitarias que estaban al aire. En Marzo, se conoció el cierre de 4 radios comunitarias de Oaxaca, que sufrieron el acoso del Instituto.
“La campaña mediática que lanzaron no respeta lo establecido en las reformas de la ley de telecomunicaciones hechas en 2014. En ninguna parte de la ley se habla del delito de robo, cuando se ocupa una señal radioeléctrica, sino de sanciones administrativas. ¿Cuál es el robo al que se refiere el IFT?” sostuvieron desde AMARC.
La molestia es mayor porque lo que los colectivos de las comunitarias necesitaban, y exigieron, fue otra campaña desde la institucionalidad, que que explicara a las comunidades que es lo que tienen que hacer para ingresar en la regulación vigente. La evidencia fue que las solicitudes de onda no fueron lo numerosas que pensaron que iban a ser, y desde AMARC entienden que eso fue producto de la falta de información clara al respecto.
“Desde la reforma constitucional del año 2013, se reconoce al sector comunitario como uno más dentro del sistema de medios mexicano. Pero lo que no han hecho es articular una campaña que baje esta información a las comunidades, sobre todo, en qué consisten los lineamientos para que puedan acceder a las frecuencias de manera legal. Esta información no se difundió con la potencia que sí tuvo la nueva campaña de criminalización que estamos impugnando.”
Apenas el 19 de febrero de este año, la Asociación Civil Autogestión Comunicativa, que forma parte de AMARC, fue la primera radio en recibir la concesión para operar una radio de uso social comunitario en la historia del país. Otro colectivos, como las radios de Tlaxcala, han denunciado las demoras en los trámites de acceso a las frecuencias, que los perjudica directamente, ya que uno de los lineamientos establecidos por el IFT, dice que para acceder a la onda, las radios deben estar fuera del aire.
Desde AMARC reconocen esta demora, ya que trabajan con radios que han ingresado sus solicitudes hace 3 o 4 años atrás y aún no han tenido respuesta.
“Además, hay un temor en las comunidades ante todo lo que tenga que ver con la regulación, se piensa en el costo económico de la misma y a veces no acceden a asesoramiento jurídico pertinente. A todo eso, se le suma que el IFT tiene por ley casi 4 meses para dar respuesta a una solicitud de onda comunitaria. Muchas veces las radios no saben que si se proponen para una onda, tienen que salir del aire. Para la mayor parte de las comunidades que han creado radios comunitarios estos plazos son demasiado extensos, ya que las radios son herramientas básicas en las luchas que tienen en el territorio, así como en la resistencia a megaproyectos, por ejempĺo. No pueden prescindir de las radios y esa es la complicación.”
Las organizaciones solicitan que el IFT retire de manera inmediata la campaña criminalizadora, ya que es su obligación facilitar otro tipo de información, una que contribuya a que los medios funcionen de acuerdo a la normativa vigente, multiplicando la cantidad de concesionarios existentes. Es su obligación, señalan en el comunicado “fomentar el desarrollo de los medios comunitarios e indígenas reservándoles el 1% de su presupuesto para servicios de comunicación social y publicidad, lo que hasta ahora no ha sucedido”
Las organizaciones convocan a una conferencia de prensa el próximo miércoles 6 de abril, a las 11 de la mañana en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en donde se explayarán sobre estos argumentos y presentarán formalmente la queja que elevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Desinformemonos
